LAS INVESTIGACIONES en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro en 2022 continúan su curso. Incluso, el segundo trimestre de 2024 será determinante en este caso que ha desatado uno de los peores escándalos en la Casa de Nariño en los últimos 18 meses.
La Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Consejo Nacional Electoral (CNE) y Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantan las indagaciones para dar con la verdad sobre este hecho que tiene como testigo clave a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario nacional, y su exesposa, Day Vásquez, quienes el año pasado revelaron al ente acusador, liderado en ese entonces por Francisco Barbosa, que personas oscuras habían donado dinero para financiar las actividades proselitistas del hoy jefe de Estado, pero que buena parte de la plata fue utilizada para sus gastos personales.
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En torno a estas pesquisas, existen cuatro flacos que EL NUEVO SIGLO analizó con detalle para conocer cómo está la situación en la actualidad y qué es lo que viene durante los próximos tres meses.
Investigación de Procuraduría
Como parte del proceso, el 23 de diciembre de 2023, la Procuraduría General abrió una investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien para 2022 se desempeñaba como gerente de campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico.
El inicio de la indagatoria estuvo sustentado en un informe de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que Nicolás Petro Burgos reveló detalles sobre la presunta financiación ilegal de la campaña ‘Petro Presidente 2022’. Pese a los señalamientos, Roa negó haber incurrido en actuaciones ilícitas.
Semanas después, ya en pleno 2024, el ente de control disciplinario encabezado por Margarita Cabello anunció pesquisas contra la Unidad Sindical Obrera (USO), luego de que un medio de comunicación revelara que dicha organización ofreciera hasta 600 millones de pesos al aspirante del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial.
proceso indagatorio, que busca dilucidar posibles irregularidades en los costes asociados al alquiler de la aeronave, así como las motivaciones para la anulación de diversas facturas relacionadas con dicho servicio, se encuentra en una etapa determinante.
Pero, a principios de marzo de este año, el principal órgano electoral ordenó nuevas pruebas sobre los gastos e ingresos de la campaña presidencial en 2022.
Durante los próximos meses, el CNE tendrá que analizar copias de soportes de consignación a Banco de Occidente, para conocer de presuntas transferencias hechas por la Sociedad Aérea de Ibagué al Pacto Histórico. También hará lo propio con documentos solicitados a Bancolombia.
A esta última entidad, pidió “copia íntegra de los soportes de las consignaciones efectuadas en la cuenta de ahorros No. 108-123978-05 a nombre del ciudadano José Orlando Rivera Casas, por monto de 200 millones de pesos.
Pero las pesquisas del CNE se extienden a medios de comunicación, a los que también solicitó soportes de ingresos por la publicación de contenido, que revelarían presuntos aportes ilícitos.
El llamado de la Comisión de Acusaciones
El 18 de marzo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes programó una audiencia para conocer el testimonio de testigos clave en el caso de financiación ilegal de la campaña ‘Petro presidente 2022’.
Ese día debía comparecer: el presidente de Ecopetrol y antiguo gerente de campaña de Gustavo Petro durante las últimas elecciones presidenciales, el empresario Euclides Torres; Alfonso del Cristo Hilsaca, hijo de ‘El Turco Hilsaca’; y el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El Hombre Marlboro’. Pero la audiencia fue reprogramada, sin que la comisión diera a conocer una nueva fecha.
Los congresistas de esa comisión: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico; y Wilmer Carillo, representante de La U, tendrán que escuchar en fecha por definir el testimonio de estas personas, que son testigos claves en el caso y que fueron mencionados por Petro Burgos durante su audiencia con Fiscalía.
Ante esta instancia, se presentó el hijo del presidente Gustavo Petro, donde insistió que la Corte Suprema de Justicia desestimara la declaración que rindió ante la Fiscalía General de la Nación en agosto del año pasado.