EL MINISTERIO avanza en la sistematización y organización de los aportes que han hecho llegar los cerca de 40 integrantes de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia. Entre las propuestas está modificar lo relacionado con la justicia restaurativa porque no entrega los resultados esperados y suprimir la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y las contralorías regionales.

También el Ministerio de Justicia mantuvo abierto hasta el pasado 2 de febrero un canal de comunicación para que los ciudadanos interesados en contribuir hicieran sus propuestas para la reforma. Estas iniciativas igualmente fueron puestas a consideración de la Comisión de Expertos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que “le agradezco emocionado a todas las personas que enviaron sus propuestas de reforma a la justicia. Llegaron más de 300 iniciativas. Las sistematizaremos y discutiremos todas”.

El propósito es presentar en las próximas semanas al Congreso un proyecto de reforma a la justicia en lo penal y otras iniciativas de ley en distintos aspectos para mejorar el funcionamiento de la rama, en cuanto a la oportunidad de la prestación del servicio a los ciudadanos con más jueces, reducir la impunidad, mejores equipos judiciales, más funcionarios, lucha contra la corrupción. Obviamente, todo esto demanda entregar más recursos al sector.

“Nosotros tenemos la decisión de comenzar a presentar los proyectos ahora, cuando el Congreso se reúna a mediados de febrero. Cuando digo los proyectos es que van a ser varios, no una multitud, pero yo he pensado que van a ser unos tres o cuatro proyectos: uno en materia penal, uno en materia de familia, que se irán presentando a medida que estén listos. Pero todo este año”, explicó el ministro Néstor Osuna.

Las propuestas

La Corte Suprema le envió al Ministerio sus propuestas para conseguir una transformación de la justicia que se enfoque en las necesidades de la ciudadanía, disminuir los tiempos de respuesta, los niveles de impunidad y afianzar la dignidad de los jueces en las regiones.

En el escrito la Corte manifestó al poder Ejecutivo su compromiso para contribuir en el fortalecimiento de la justicia y expuso sus consideraciones sobre los ajustes que deberían realizarse en las jurisdicciones Penal, Laboral y Civil, Agraria y Rural.

En el ámbito penal la Corte Suprema propone eliminar las reformas posteriores a la Ley 906 de 2004, que “han impedido aplicar, en determinados casos, beneficios de rebaja de pena para quienes acepten cargos o lleguen a un acuerdo, pues esto ha incrementado la congestión judicial y ha generado que muchos procesos terminen en absoluciones, en lugar de una condena por sentencia anticipada”, explica el alto Tribunal.

También plantea hacer más expedita y precisa la aplicación del principio de oportunidad, pues dijo es una herramienta a la que hoy poco acuden los fiscales.

Así mismo pide que se modifique lo relacionado con la justicia restaurativa, pues actualmente la compensación del daño no conduce en la mayoría de los casos a una mayor efectividad de la justicia, al no implicar, por ejemplo, la terminación anticipada del proceso o la reducción de pena.

Igual expone la Corte que se estudie la posibilidad de que el fiscal que asuma un caso desde el comienzo sea el que lo lleve durante toda la actuación. Gran parte de los procesos que terminan con nulidades o absoluciones se debe a la falta de preparación de los fiscales o ausencia de empoderamiento en el caso, explica.

En el ámbito laboral la Corte considera importante la propuesta de la Sala de Casación Laboral, radicada el año pasado en el Congreso, sobre un nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Del mismo modo, en la jurisdicción laboral propone fortalecer la implementación de la tecnología, avanzar en la consolidación del expediente electrónico, crear jueces municipales y del circuito en los territorios.

En materia civil la Corte propone la emisión por parte del Congreso de la Ley Ordinaria y Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural creada el año pasado; reformar el Estatuto de Arbitraje; reformar el Código General del Proceso y desarrollar mecanismos contra la congestión judicial y el mejoramiento de la tutela.

Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras propuso un plan intensivo para reducir el tiempo que duran los procesos judiciales, pues sostuvo que hoy tardan 1.288 días en promedio.

Propuso también reformar el procedimiento penal para eliminar la figura de formulación de imputación, la fase intermedia del proceso y el proceso aplazatorio, pues dijo esto lleva a que un tercio de las audiencias sean postergadas.

Igualmente, Vargas Lleras considera necesario eliminar la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y las contralorías regionales.

En el caso de la Procuraduría, dijo que perdió competencias después de la sentencia de la Corte Constitucional en donde establece que las sanciones que dicte a servidores públicos de elección popular deben ser avaladas por un juez.

“Es necesario pensar en fortalecer la Rama Judicial con las capacidades y experticias de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la cual lamentablemente perdió competencias para investigar aforados (congresistas, gobernadores, alcaldes, etcétera.), es decir, su existencia se volvió inocua”, dijo el exvicepresidente.

Agregó que “se pretende la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear la Dirección de la Administración Judicial, con el fin de que ésta ejerza la gerencia en la Rama Judicial”.

En tanto que, sobre las contralorías regionales, Vargas Lleras indica en el documento que hizo llegar al Ministerio de Justicia, que “es necesario eliminar esta dispersión, por lo tanto, se propone centrar todo el control fiscal en la Contraloría General de la República”.

Por su parte, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo a EL NUEVO SIGLO que “en cuanto al contenido de ese proyecto, el punto fundamental de esta reforma debe ser pensar en el ciudadano de a pie para que se beneficie de un mayor acceso a la justicia y desde cualquier parte del territorio nacional de manera simple, sencilla y efectiva”.

Añadió que un aspecto fundamental de la reforma debe ser “la utilización de la virtualidad. Hoy en día nos pone ante una justicia 20% más ágil, entonces hay que seguir incrementando la virtualidad y la tecnología para llegar a otro escenario complementario, que es el expediente digital”.

Indicó que “para la implementación de la virtualidad de las audiencias, así como el cambio a los expedientes digitales, hablamos de una inversión presupuestada por el gobierno anterior cuando la judicatura había concertado un crédito puente, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, por un primer monto de 100 millones de dólares. La creación de despachos va a requerir 250.000 millones de pesos anuales aproximadamente”.