El Gobierno de Colombia confirmó que asumirá el traslado de los ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos, garantizando condiciones dignas en su regreso al país. La decisión, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca ofrecer una solución inmediata al creciente flujo de deportaciones y asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes retornados.

Desde el pasado 26 de enero, los canales diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos permanecen abiertos mediante notas y conversaciones permanentes con los delegados del gobierno estadounidense. En este contexto, la Cancillería colombiana propuso a Mauricio Claver-Carone, enviado especial por el expresidente Donald Trump para América Latina, asumir directamente la repatriación de sus connacionales. Actualmente, se evalúan opciones de traslado tanto aéreo como marítimo, priorizando la viabilidad fiscal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se están evaluando todas las opciones de traslado aéreo y marítimo para garantizar un retorno eficiente y económicamente viable. Esta medida responde a las instrucciones del presidente Petro de asumir una mayor responsabilidad fiscal en este proceso.

En el marco de esta iniciativa, el Gobierno también ha estrechado lazos con otros países de la región. En una reunión con el canciller de Panamá, Javier Martínez, se acordó el retorno de 48 colombianos el próximo lunes 3 de febrero. De estos, siete ciudadanos que enfrentan procesos por diversas infracciones en territorio panameño serán trasladados bajo condiciones especiales. “Con el canciller de Panamá, Javier Martínez, se acordó que un grupo de 48 ciudadanos regresen a Colombia el próximo 3 de febrero en condiciones dignas. Por diferentes infracciones en el vecino país, 7 de ellos serán trasladados en condiciones especiales”, detalló el comunicado de la Cancillería.

Asimismo, desde el domingo pasado se trabaja en la elaboración de un protocolo de atención para la población migrante en procesos de deportación. Este mecanismo, que involucra a organizaciones no gubernamentales como Open Society, la Iglesia, gremios empresariales y la sociedad civil, busca convertirse en un referente regional y servir de base para soluciones conjuntas frente a este desafío global. “Desde el domingo pasado se ha trabajado en la elaboración de un protocolo de atención para la población migrante en procesos de deportación. Convocamos a las organizaciones no gubernamentales como Open Society, iglesia, gremios, sector empresarial y toda la sociedad civil para sumar esfuerzos en el desafío que como país se nos presenta”, destacó la Cancillería.

El Gobierno colombiano subrayó que la migración es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, y que las soluciones deben estar fundamentadas en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, se reafirma el compromiso de brindar respuestas rápidas y sostenibles que permitan a los connacionales retornados encontrar oportunidades en su propio país.

Con esta acción, Colombia fortalece su posición en la gestión migratoria regional y reafirma su voluntad de establecer acuerdos humanitarios con otros países para enfrentar de manera coordinada los retos de la movilidad humana en el continente.