La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que a pesar de las reiteradas alertas y recomendaciones hechas por el Ministerio Público al Gobierno Nacional para atender de manera adecuada el alto flujo de migrantes irregulares con destino a Estados Unidos, los riesgos para esta población persisten y los niños son los más afectados.
Durante su intervención en un foro sobre Derechos Humanos en la universidad Sergio Arboleda, la Procuradora aseguró que, solo en los tres primeros meses de este año transitaron por el Urabá 110.000 personas, lo que representa un aumento del 26 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, esto a pesar de que se han endurecido las regulaciones migratorias en Panamá y Estados Unidos.
“Decisiones como la adoptada por el gobierno de Panamá, al cerrar al menos tres pasos fronterizos, no deben distraernos de la realidad: los flujos migratorios por la zona del Darién no se detendrán. Los grupos armados ilegales son los más interesados en que el tránsito continúe”, apuntó al jefe del Ministerio Público.
También se refirió al fortalecimiento de las rentas ilícitas percibidas por esos grupos en la región del Urabá, que se estimaron superiores a 140 millones de dólares en 2023 por cuenta de mal llamado “impuesto” exigido por el Clan del Golfo, que oscila entre 200 y 700 dólares por persona.
La Procuradora aseguró que es alarmante el número de niños y niñas migrantes que atraviesan el Darién, más de 30.000 ,según UNICEF, en los primeros meses de este año, de los cuales 2.000 lo hicieron separados de sus familias o sin acompañantes.
“El pasado mes de octubre advertimos sobre el riesgo de instrumentalización de la población migrante en tránsito. A estas personas, carentes de recursos, se le permite el tránsito a cambio de transportar droga, ejercer la prostitución o realizar trabajos forzados a través de esta ruta”, explicó.
Finalmente, la Jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las instituciones responsables para tomar, de una vez por todas, las medidas correctivas del caso para evitar el inicio de acciones disciplinarias por omisión de sus responsabilidades.
“Persiste la falta de capacidades instaladas en los municipios clave como Necoclí, Turbo y Acandí. La respuesta institucional ha sido insuficiente. No se entiende cómo entre 3 y 4 funcionarios de Migración Colombia realizan las labores de registro y control a los no menos de 400 y hasta 3.000 migrantes que hacen tránsito en un solo día por el municipio de Necoclí”, añadió la Procuradora.