La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia rechazó este miércoles la ponencia que proponía archivar la reforma política del gobierno. Este rechazo marca un avance en el proceso legislativo de la iniciativa, que continúa con la discusión de la ponencia positiva.

La reforma, que ya ha sido aprobada en primer debate en la Comisión Primera, deberá pasar por otros dos debates en el Senado antes de convertirse en ley, lo que podría ocurrir antes del 20 de junio de 2025. 

El ponente Hernán Cadavid, señaló que las condiciones actuales no son apropiadas para una reforma política, especialmente en lo que se refiere a temas tan delicados como la financiación de las campañas electorales y los cambios en la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE). En sus palabras, “no es el momento, menos aún cuando se tratan aspectos tan sensibles como el CNE”.

Además, advirtió que se trataba de una reforma que llegaba en un contexto "complejo" en el que el presidente había instado a sus seguidores a denunciar penalmente a los magistrados del CNE por supuestas irregularidades en el proceso electoral de 2022.

Por otro lado, el representante Oscar Campo subrayó que esta reforma no puede ser utilizada como una herramienta para "ahogar" a los movimientos políticos. Criticó, en particular, los cambios propuestos que dificultarían el uso de figuras como las convenciones dentro de los grupos significativos de ciudadanos, lo que, según él, afectaría a aquellos sectores sin representación en los partidos tradicionales.

Objetivos de la Reforma Política

La reforma política, que fue radicada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a finales de septiembre pasado, busca realizar varios cambios estructurales en el sistema político colombiano, con el fin de mejorar la transparencia, la equidad y la representatividad. Entre los principales pilares de la reforma se encuentran:

1. Financiación estatal 100% de las campañas políticas: Esta medida propone que todas las campañas electorales sean financiadas exclusivamente con recursos públicos, eliminando las donaciones privadas y los recursos de origen externo. Esto incluye la prohibición de contratar transporte para votantes el día de las elecciones, una medida que busca reducir la influencia de los intereses privados en la política.

2. Listas cerradas y bloqueadas con paridad de género: La reforma establece que las listas de candidatos para las elecciones a Congreso, asambleas y concejos sean cerradas y bloqueadas, con el fin de garantizar una representación equitativa entre hombres y mujeres en las corporaciones públicas. Esta medida entrará en vigor a partir de las elecciones de 2030.

3. Modificación de la elección de magistrados del CNE: La reforma propone cambiar el proceso de selección de los magistrados del CNE mediante convocatoria pública, aunque la selección final seguiría estando en manos del Congreso. Esta propuesta ha generado controversia, ya que algunos congresistas consideran que perpetúa la influencia política sobre el órgano electoral.

Además, uno de los puntos más controversiales se refiere a la modificación del artículo 265 de la Constitución. El nuevo texto otorga al CNE la facultad de regular, inspeccionar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, así como las actuaciones de los candidatos. Se elimina, sin embargo, la facultad de ejercer control directo sobre los procesos electorales, lo que había sido uno de los elementos clave en la versión anterior de la reforma.