MAÑANA SE posesiona el grueso de gobernadores y alcaldes para el periodo 2024-2027, en medio de las expectativas en sus regiones de que las propuestas que plantearon se realicen y sirvan para el desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En tanto que en materia política se activa el nuevo mapa que trazaron las elecciones regionales de octubre pasado, con la presencia de mandatarios en las principales gobernaciones y alcaldías que no comulgan ideológicamente ni con las formas de la administración Petro.

Por primera vez a la Casa de Nariño llegó un gobierno de izquierda en la historia del país y, como consecuencia, también es una situación inédita para los nuevos gobernadores y alcaldes desarrollar su mandato en esas circunstancias, con el condicionante de que por el centralismo que se mantiene vivo, a pesar del espíritu de la Constitución en sentido contrario, el Gobierno nacional tiene la sartén por el mango para poner condiciones porque toma la mayoría de decisiones y maneja la chequera.

Cuando la administración Petro comenzó en agosto de 2022 tenía aliados en alcaldías principales: en Cali con Jorge Iván Ospina, del sector más próximo en la Alianza Verde al petrismo; en Medellín con Daniel Quintero, cercano al proyecto político del presidente; y en Santa Marta, Virna Johnson del grupo político del saliente gobernador Carlos Caicedo.

También hay que contar en esta lista a Villavicencio, en donde el saliente alcalde Juan Felipe Harman fue elegido en 2019 con el respaldo del Polo, Alianza Verde, MAIS, Colombia Humana-UP y Colombia Renaciente. Todas estas fuerzas hoy acompañan el gobierno del presidente Petro.

Sin embargo, en las elecciones de octubre pasado en todas estas alcaldías ganaron candidatos cercanos a la derecha: en Cali, Alejandro Eder, quien se inscribió por firmas, pero, además tuvo el respaldo del Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente y el Nuevo Liberalismo.

En Medellín triunfó en la alcaldía Federico Gutiérrez, avalado por el Partido Creemos y con el apoyo del Centro Democrático, sectores del Partido Liberal, Cambio Radical y La U.

En Santa Marta ganó Carlos Pinedo, quien se inscribió por firmas por el movimiento Santa Marta Sí Puede y recibió el coaval del Partido Cambio Radical. Lo respaldaron también el Centro Democrático, ASI, Creemos, el Partido Conservador y Liberal.

Mientras que en Villavicencio ganó la alcaldía Alexander Vaquero, quien era el candidato de Salvación Nacional y el Centro Democrático.

Por estos resultados y otros en gobernaciones, en las que en la mayoría ganaron partidos tradicionales de derecha, los analistas consideran que el petrismo fue ampliamente superado en las pasadas elecciones regionales.

Incluso en ese saldo negativo incluyen a Bogotá, en donde si bien Claudia López no es afín al presidente Petro, llamó la atención que el candidato del mandatario a la alcaldía, Gustavo Bolívar, apenas fue tercero con 571.591 votos, casi un millón de sufragios menos que el ganador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical.

Después de las elecciones el presidente Petro colgó en la red X un mapa sobre los resultados, que generó gran controversia porque aseguró que en 15 departamentos triunfaron aliados suyos en la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, distintos sectores señalaron que el jefe de Estado se empeña en no reconocer que el Gobierno perdió los comicios territoriales.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, publicó entonces un mapa muy distinto al que mostró Petro. “Esta es la realidad de los resultados de las elecciones del Pacto Histórico. En este mapa pueden ver donde tuvieron candidatos propios (13), coavalados (3), y también donde ganaron (2). Ganaron 2 de 16 el 12,5%”, indicó la Parlamentaria.

La gobernabilidad

La oposición política y la independiente, así como otros sectores en diferentes campos de la sociedad colombiana critican al presidente Petro porque consideran que quiere gobernar básicamente con sus ideas y es poco dado a la concertación.

Una muestra de ello serían las reformas que impulsa el Gobierno, salud, pensional y laboral, las cuales han tenido muchos problemas para avanzar en el Congreso, precisamente por la falta de consenso. Distintas bancadas le achacan al Ejecutivo que no las puso a consideración de las fuerzas políticas antes de radicarlas, y luego son pocos los cambios que ha admitido a los textos.

En ese sentido, algunos temen que se presenten cortocircuitos en la relación del Gobierno nacional con varias regiones en donde gobernarán fuerzas políticas que no son afines al actual inquilino de la Casa de Nariño, en aspectos como la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes de desarrollo departamentales y municipales; y otros asuntos que demandan la articulación y complementariedad de los niveles del gobierno central, departamental, municipal y distrital.

Una muestra de esta situación es la controversia que durante lo que va del mandato presidencial han sostenido Petro y la hasta hoy alcaldesa Claudia López, porque el jefe de Estado insiste en su propuesta de modificar el trazado del metro, soterrado el tramo por la avenida Caracas

A pocas horas de asumir el cargo Carlos Fernando Galán dejó claro al presidente Petro que no modificará el trazado. “Fui insistente en que tenía un mandato ciudadano para defender ese proyecto y para que ese proyecto se llevara a buen puerto y no se cambiara. Yo tengo que cumplir ese mandato y voy a trabajar en ese sentido”, dijo el entrante burgomaestre.

En otra situación, el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, demandó la colaboración del Gobierno nacional para priorizar la seguridad en esta capital. “Le pido al señor presidente y al ministro de Defensa que nuestra ciudad sea una prioridad en la lucha contra el crimen y la violencia”, indicó el entrante mandatario distrital.

Eder reclamó porque el presidente Petro anunció que priorizará la seguridad en varias capitales, pero no nombró a Cali. “Es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta y los caleños estamos en constante riesgo por unas amenazas regionales y trasnacionales que no podemos enfrentar solos como gobierno local. El Gobierno nacional tiene las llaves para que llegue la seguridad y la paz a Cali y al suroccidente”, expresó Eder.

Las palabras que causaron malestar en Cali, fue cuando el jefe de Estado dijo “quiero que Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta sean las avanzadas de la nueva política de seguridad de mi Gobierno. Inteligencia policial en profundidad para desmantelar las grandes bandas que crecen, incluso con ayuda de algunos políticos”.

En tanto que el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló a mediados de noviembre pasado, que “ojalá podamos tener una convocatoria pronto de parte del Gobierno nacional. Hay muchos proyectos que hay que jalonar desde las regiones, hay que llamar a ese consenso y tomar decisiones. Esperemos que se dé ese buen gesto de parte del Gobierno, hasta hoy no se ha dado”.

Esta manifestación de Gutiérrez se dio después de que el presidente se reunió en primera instancia con 15 gobernadores electos que, según él, son afines a su sector político.

Retos y desafíos

Los nuevos gobernadores y alcaldes, como es natural, llegan al cargo con varios retos y desafíos, sin embargo, en esta oportunidad hay dos que no dan espera para su atención, como son la seguridad que está gravemente afectada y el fenómeno climático del Niño.

La seguridad en las áreas rurales se ha seguido deteriorando en este Gobierno, a pesar de la intención del presidente Gustavo Petro de dialogar con los grupos armados al margen de la ley para que se desmantelen a cambio de algunos beneficios. Hay paros armados en el Chocó, desplazamiento y confinamiento de la población, ataques a la Fuerza Pública y masacres. Esta violencia se siente con fuerza en el Cauca, en Nariño, en regiones de Antioquia, en el Catatumbo, entre otras.

En tanto que en las áreas urbanas crece el secuestro, sigue disparada la extorsión, el microtráfico no da tregua y la cifra de homicidios todavía es alta.

Del fenómeno del Niño las autoridades meteorológicas estiman que se sentirá con gran fuerza en el primer trimestre de 2024, generando gran afectación por la falta de lluvias y, como consecuencia, desabastecimiento del vital líquido, reducción de la oferta de alimentos agrícolas e incremento en los precios al consumidor, incendios forestales, consecuencias sanitarias y proliferación de enfermedades como el dengue, entre otros.

Ante esta problemática se requerirá la articulación del Gobierno nacional y los gobiernos locales, sumando recursos y coordinando esfuerzos para paliar los efectos que se esperan por el fenómeno del Niño, tal y como para combatir las causas que han deteriorado la seguridad en buena parte del país.

Hay otra serie de retos que son a mediano plazo y que están en la agenda de varios gobernadores y alcaldes electos, como lo han manifestado en encuentros que han sostenido tras ser elegidos en los comicios del pasado 29 de octubre. Es el caso de la necesidad de hacer una reforma tributaria regional para que departamentos y municipios obtengan más recursos para atender sus múltiples obligaciones con la población, pues actualmente en la mayoría de las regiones son insuficientes y dependen de los giros del presupuesto nacional.

En esto último también está en la agenda de los entrantes gobernadores y alcaldes la reforma al Sistema General de Participaciones para mejorar los porcentajes de los recursos que reciben los territorios del presupuesto nacional, en alguna medida buscando retornar a como fue establecido por la Constitución del 91, pero que luego sufrió modificación por un acto legislativo.

Otro asunto en que algunas regiones solicitan ajustes son las regalías, pues las que son productoras piden una nueva reforma al Sistema General para mejorar sus ingresos porque consideran que actualmente no compensan que el petróleo, gas y los minerales están en su subsuelo y que, además, deben cargar con los efectos negativos ambientales y sociales inherentes a la explotación.

Esas reformas no serán posibles si las regiones no cuentan con el concurso y el aval del Gobierno nacional para que salgan adelante en el Congreso de la República.

La autonomía regional

La reacción de malestar de Antioquia después de que la Agencia Nacional de Minería anunciara que no prorroga la delegación que el departamento tiene para este sector desde el 2001, volvió a poner en el centro de la atención la discusión sobre la autonomía regional.

El artículo 287 en la Constitución establece que los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites que establece la Carta Política.

Sin embargo, la autonomía regional en la práctica choca en cierta forma con el centralismo que se maneja desde Bogotá, pues son muchas las decisiones que se concentran en el Gobierno nacional y sus entidades en materia de salud, educación, servicios públicos, distribución de recursos, entre otros.

Semanas atrás en el marco de la cumbre realizada en Cartagena con asistencia de gobernadores y alcaldes electos convocada por la Escuela de Administración Pública (ESAP) el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, propuso a los entrantes mandatarios por qué no pensar en que desde el Ministerio “podamos crear con ustedes un equipo de trabajo que pueda presentar una agenda legislativa concertada de descentralización”.

Agregó Velasco “no nos equivoquemos entre lo que es el concepto de descentralización por el de desconcentración; no es simplemente mandar a un funcionario del orden nacional a que esté en territorio, sino empoderar autoridades locales y regionales para que puedan desarrollar con mayor autonomía, autonomía nacida de la legitimidad democrática de su elección, papeles y tareas que tienen que desarrollar”.

No obstante, en el día a día se presentan situaciones en que choca la autonomía regional con el poder del Ejecutivo central, como fue por la decisión que tomó el Gobierno de derogar el decreto que permitía a la Policía decomisar y sancionar portar sustancias estupefacientes en la vía pública.

La mayoría de actuales alcaldes, así como los que comienzan en sus funciones mañana, rechazaron esta medida porque consideran que favorecerá el microtráfico, y son ellos y la población que representan los que sufrirán las consecuencias.

El electo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le dijo al presidente Petro: “Nos preocupa que la gran mayoría de sus decisiones van orientadas a proteger criminales y no a proteger a la gente que cada vez está más angustiada”.

Añadió que “con las herramientas que nos queden a los alcaldes del país, haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestra gente. Qué bueno que lo pudiéramos hacer también de su mano. No son temas personales, presidente; sus decisiones nos afectan a todos”.

Por su lado, el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que “revocar la delegación minera como lo hizo Petro es una orden que nos devuelve a las épocas fastidiosas, ineficientes y miopes del centralismo que desconoce nuestras capacidades y potencialidades como región. En vez de empoderar, acaparan, y nos ponen un freno de mano en el desarrollo local”.

En este marco, Rendón está promoviendo un referendo para que las regiones tengan autonomía fiscal, es decir, que los impuestos que generen allí se queden.

Los planes de desarrollo

Otro elemento de controversia que se podría presentar entre la administración Petro y las regiones sería por el Plan Nacional de Desarrollo, que está enfocado en ordenamiento territorial; seguridad humana; derecho humano a la alimentación; economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático; y convergencia regional.

Los partidos de oposición en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso hicieron críticas a varios de sus aspectos, como que estaría ideologizado por la tendencia de izquierda del Gobierno en temas como volver a la estatización en varios campos.

Es claro que los planes de desarrollo de los gobernadores y alcaldes no coinciden en aspectos clave con el Plan Nacional de Desarrollo, y por ello sería indispensable que el Gobierno y las regiones se pongan de acuerdo en su implementación.

Precisamente, la decisión del Gobierno de retirarle a Antioquia la delegación de minería sirve como ejemplo de las divergencias entre el Plan Nacional de Desarrollo y el departamental.

El saliente gobernador Aníbal Gaviria dijo que “el buen manejo de la delegación minera en Antioquia merece continuidad: 11% de títulos mineros activos en el país son de Antioquia. Aportamos el 38% de las exportaciones mineras. Hemos entregado el 22% de los títulos vigentes en el país y el 25.9% de las formalizaciones”.

Empero, la agencia Nacional de Minería a explicar las razones de dar por finalizada esta delegación dijo que se “fundamenta en la imposibilidad, por ser contrario a la Constitución Política de Colombia, de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad pública del orden nacional, así como en el proceso de fortalecimiento institucional de la ANM, en su facultad legal de reasumir en cualquier tiempo las funciones delegadas y en la necesidad de reenfocar la minería en la nueva visión sectorial establecida en la política minera, el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026), el programa de reindustrialización de la economía, y en el Plan Estratégico de la ANM (2023-2026)”.