Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política fue el tema de un proyecto de Ley, en el debate de la Comisión Primera del Senado.
Durante la discusión de la iniciativa se establecieron medidas para la prevención, atención, rechazo y sanción de la violencia contra las mujeres en política, a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y electorales y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos espacios de la vida política y pública, incluidos los procesos de elección, participación ciudadana y representación democrática, y en el ejercicio de la función pública en todos los niveles, especialmente tratándose de los cargos de elección popular y los ejercidos en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público y demás órganos del Estado.
En el transcurso del debate se tuvo en cuenta la Convención de Belém do Pará como la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra Mujeres en Política como base fundamental para comprender los alcances del proyecto de ley y la normativa internacional que sustenta la necesidad de intervenir desde la legislación. Dicha declaración compromete a los Estados miembros a impulsar la adopción de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección y erradicación de esta violencia.
Violencia digital
Recientemente, la Fundación Artemisas presentó el informe “En sus marcas: la carrera de las mujeres en la política”, en el cual se evidenció la violencia digital contra las mujeres en medio de la campaña política para las elecciones de Congreso que se llevaron a cabo en marzo de este año.
Este análisis se dio bajo seis categorías de violencia: menosprecio de capacidades, desprestigio, sexualización, alusiones y menosprecio físico, instrumentalización y cuota de género. En este informe seleccionaron 20 candidatas para analizar el Twitter de cada una y encontraron presencia de las seis categorías de violencia, con lo cual se evidencia la existencia de este tipo de flagelo en Colombia.
Es de tener en cuenta que la violencia contra las mujeres en política que se da través de plataformas y medios tecnológicos entraña unas nuevas discusiones y problemas jurídicos que deben considerarse y que se retoman en el desarrollo del articulado.
El proyecto señala que, en particular, se debe tener presente que si bien el debate público y la voz de la ciudadanía están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión, el cual hace parte de diferentes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, también se han dispuesto lineamientos y claridades en torno a su alcance y cuando el mismo, bajo ciertos criterios y condicionamientos debe ser objeto de regulación, por vulnerar otros derechos humanos. Esto sucede en el contexto de las expresiones y discursos de odio.
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Restricciones
De acuerdo con los autores del proyecto, en Colombia cerca del 64% de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas con la violencia política, siendo el acto de violencia más común la restricción en el uso de la palabra (23,8%), seguido de la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión (22,31%).
En su análisis de Riesgos Electorales para las Elecciones 2022, la MOE da cuenta de un aumento sostenido en la violencia (homicidios, atentados, secuestros, desapariciones y amenazas) contra las mujeres desde 2006, año en el que inició su seguimiento a estos hechos en la política.
Precisamente, el periodo del calendario electoral de 2022 ha sido el de mayor registro tanto de acciones violentas en general, como en hechos letales contra lideresas. Es decir, entre más mujeres participan en política en Colombia, más aumenta la violencia contra ellas. De las 516 vulneraciones registradas en los primeros 11 meses del calendario preelectoral (13 de marzo de 2021-13 de febrero de 2022), 137 de ellas (el 26,6%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales, y casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.
Estos 137 eventos de violencia política representan un aumento del 198% de casos frente al mismo periodo electoral del 2018, un incremento a un ritmo más alto que el de los hombres, que fue del 77%.
De acuerdo con el mismo informe de Artemisas, en tan solo 79 días las redes evidenciaron las seis categorías de violencia y discriminación contra las mujeres candidatas como: menosprecio de capacidades, roles y mandatos de género, alusiones al cuerpo y sexualidad, expresiones clasistas, expresiones racistas, desprecio feminista y desprestigio.
En cada una de las categorías de análisis evidenciaron que este tipo de afectaciones las reciben mujeres de todos los espectros políticos, independientemente de sus corrientes ideológicas, preparación o cualidades.
El tipo de violencia más frecuente fue la psicológica. En esta se evidenciaron narrativas por medio de las cuales se desestimó, degradó o se buscó controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o aislamiento.
Recomendaciones
La iniciativa recomendó implementar acciones para prevenir, proteger y mitigar cualquier hecho de violencia ejercido hacia una mujer en espacios políticos y electorales, teniendo en cuenta la necesidad de “adoptar e implementar medidas que garanticen la seguridad de sus militantes, candidatos y candidatas”. Y, por lo tanto, una de las sugerencias necesarias se refiere a la actualización e incorporación en los estatutos de medidas para prevenir, controlar y sancionar la violencia contra las mujeres en política.
También se recuerda que Colombia se comprometió en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer-Beijing a adoptar medidas para garantizar la plena participación de las mujeres dentro de las estructuras de poder del Estado. Para cumplir con este compromiso es fundamental aumentar la presencia de mujeres en cargos directivos y fortalecer su capacidad para participar en la toma de decisiones políticas.
Igualmente, los ponentes aseguraron que “el país cuenta con múltiples leyes, ha ratificado convenios y compromisos internacionales sobre la promoción de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos; sin embargo, es necesaria una ley que ayude en la consolidación de los compromisos internacionales adquiridos tendientes a remover los obstáculos que discriminan y desalientan a las mujeres para participar en los niveles de decisión de los partidos políticos y del Estado, como se propone en este proyecto al establecer mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres”.