RECHAZO PRODUJO en las autoridades de Antioquia la decisión de la Agencia de Minería de no hacer una prórroga más a la delegación que tenía este departamento desde 2001, que lo autorizaba para otorgar títulos de exploración y explotación de minerales, así como ejercer el control en la materia. El gobernador Aníbal Gaviria dijo que esto es una muestra del centralismo.

“La @ANMColombia notificó a @GobAntioquia que no prorrogará la delegación minera con el presunto argumento jurídico del carácter permanente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación, que vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días”, señaló el mandatario Gaviria en la red X.

A medida que se acercaba la fecha para que se venciera la prórroga actual, este 31 de diciembre, la Gobernación de Antioquia hizo varios pronunciamientos promoviendo que se le diera continuidad.

“El buen manejo de la delegación minera en Antioquia merece continuidad: 11% de títulos mineros activos en el país son de Antioquia. Aportamos el 38% de las exportaciones mineras. Hemos entregado el 22% de los títulos vigentes en el país y el 25,9% de las formalizaciones”, indicó en días pasados el gobernador Gaviria.

Esta decisión tensó las relaciones entre el Gobierno nacional y la bancada antioqueña presente en diferentes colectividades. El senador Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, indicó que “decisión del Gobierno nacional de no prorrogar delegación minera de Antioquia, demuestra un centralismo dañino. Gustavo Petro es contradictorio, habla de gobernar para regiones, pero sus decisiones demuestran que privilegia la centralización. Llamo al Gobierno a que reconsidere la decisión”.

El también senador conservador Nicolás Albeiro Echeverry dijo que “el desprecio de Gustavo Petro por Antioquia continúa. Por orden de la ANM nuestro departamento pierde la delegación minera a partir del 1 de enero. Una tarea ejecutada desde 2001 de excelente forma, bien manejada, cumpliendo con todas las exigencias”.

El senador Germán Blanco (Partido Conservador) dijo que “vuelve y se equivoca Gustavo Petro y su gobierno contra Antioquia. Increíble que lo poco que en el país se ha avanzado en descentralización, lo acabe sin argumentos válidos”.

En tanto que el senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, dijo que “Petro le sigue cobrando a Antioquia su valentía ideológica. Perdimos la delegación minera para Antioquia en el gobierno de Gustavo Petro”.

Las razones

El presidente Petro dijo en la red X que “mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”.

En tanto que la Agencia Nacional de Minería indicó en un comunicado que “reasumirá a partir del primero de enero de 2024, las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a la Gobernación de Antioquia”.

Agregó que esta decisión se “fundamenta en la imposibilidad, por ser contrario a la Constitución Política de Colombia, de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad pública del orden nacional, así como en el proceso de fortalecimiento institucional de la ANM, en su facultad legal de reasumir en cualquier tiempo las funciones delegadas y en la necesidad de reenfocar la minería en la nueva visión sectorial establecida en la política minera, el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026), el programa de reindustrialización de la economía, y en el Plan Estratégico de la ANM (2023-2026)”.

Explicó la entidad gubernamental que “la Corte Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico la disposición del Código de Minas (art. 320 Ley 685 de 2001), que posibilitaba la delegación con carácter permanente de las funciones de autoridad minera en los gobernadores de departamento, tras considerar que la delegación de funciones entre entidades públicas no puede ser, en la práctica, permanente, sino que se trata de un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades”.

En el caso de la delegación minera en la Gobernación de Antioquia, dicho mecanismo data desde la expedición de la Ley 685 de 2001 y ha sido objeto de sucesivas prórrogas en el tiempo.