El Gobierno trabaja en el articulado del proyecto de la ley se sometimiento colectivo de las organizaciones criminales, que estará dividida en dos y cuya primera parte será presentada en febrero.
Según la información que se ha conocido, el objetivo principal de esta ley es "reorganizar las penas y sus cuantías, desmontar el esquema de prohibiciones que ha hecho ineficaz la administración de justicia en materia penal, desarrollar el concepto de prisión comunitaria y/o darle vigor a los principios restaurativos de la pena".
El proyecto está sustentado en las recomendaciones que ha hecho la academia y bajo los lineamientos de la Corte Constitucional para construir normas que permitan efectivamente perseguir y judicializar a las estructuras criminales de alto impacto en Colombia.
“La ley marco lo que va a permitir es la política de sometimiento colectivo (…) Esa ley está en un 70 % u 80 %; hay mucha gente trabajando, son alrededor de 10 personas, pero lo único que puedo decir es que está siendo liderada por el alto comisionado”, indicó Ariel Ávila sobre esta ley a RCN.
Lo que más ha llamado la atención de esta iniciativa han sido las penas a imponer, algunos cambios que se pretenden en cuanto al sitio en que se debe cumplir la condena, así como también los beneficios que se permitirán para quienes se acojan a este proceso judicial.
De acuerdo con la explicación previa, estos cambios se basan en las buenas prácticas nacionales e internacionales, como las de la “Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act” (RICO), que permitieron al Departamento de Justicia de EE.UU. enfrentar a la mafia con la posibilidad de procesar judicialmente estructuras criminales completas.
Segunda parte de la Ley
La segunda ley se estaría radicando en el segundo semestre del 2023 y contendría todo lo relacionado con las penas y los beneficios judiciales para los miembros de las estructuras que decidan desmovilizarse y entregar las armas.
Para ello, se plantean “procedimientos de beneficios por colaboración eficaz, también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia, dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución”.
“Lo que viene después es la aritmética de las penas a cambio de verdad y riqueza, que eso es producto de la negociación; por eso esa segunda ley no se va a presentar inicialmente”, agregó Ávila.
Asimismo, se aplicará la ejecución especial de la pena a las bases de la estructura de crimen organizado de alto impacto y que hayan incurrido en delitos como: concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal.
"La ejecución especial de la pena estará condicionada por un periodo de cuatro a cinco años a la participación en los programas especiales de reinserción y restauración desarrollados en el periodo abierto del tratamiento penitenciario establecido en la ley 65 de 1993", reza el documento.
- Le puede interesar: Gobierno reestructura presidencia para ahorrar $77 mil millones
Etapa judicial
Posteriormente, en la etapa judicial inicial, se realizarán las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento y se les dará la oportunidad a los miembros de la estructura de aceptar los cargos de manera consensuada. Por último, en la etapa de juzgamiento y sentencia, se realizará audiencia concentrada en los términos de la Ley 906 de 2004, seguido de juicio oral y la interposición de los recursos.
Uno de los puntos que más llama la atención del borrador es el de los cambios en las penas, pues "la pena máxima por concurso será por 50 años y la máxima para los tipos penales será de 40 años", lo cual representa una disminución de casi 60 %.
El texto también comprende algunos beneficios para los procesados, puesto que "cumplida la 2/5 parte de la pena entrarán a un periodo semiabierto donde podrán acceder a permisos de 15 días cada dos meses, debiendo cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial. Cumplida la mitad de la pena seguirán en periodo semiabierto, pero podrán solicitar la prisión comunitaria".