Los Awá hacen parte de los 35 pueblos indígenas que la Corte Constitucional de Colombia ha declarado en grave peligro de extinción por su alto nivel de exposición al conflicto armado que desde hace algunos años vive el país, según la Corte “el pueblo Awá está en grave peligro de ser exterminado física y culturalmente a causa del conflicto armado y de la omisión de las autoridades para ofrecerle una protección adecuada”.
Sin embargo, la situación no aparenta tener una mayor mejoría, este Diario habló con Camilo Castellanos, hombre que se ha destacado en el ámbito nacional por su constante lucha por los derechos humanos y quien hoy es el director de derechos humanos y apoyo a la justicia de la Alcaldía de Bogotá.
Además de la denuncia de la población indígena, Castellanos habló sobre las contradicciones que para él tiene la locomotora minero – energética y expresó su deseo porque la reglamentación de las consultas internas con las comunidades del país les permita tener, realmente, voz y voto en las decisiones estructurales del país.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué tan complicada es la situación para los Awa en medio del conflicto?
CAMILO CASTELLANOS:Los Awa son un pueblo que está repartido en dos sitios en Nariño y en Putumayo y también tiene una partecita de gente viviendo en la frontera del Ecuador, están en la vertiente occidental de la Cordillera. La zona de ellos es una zona donde se mueven paramilitares y guerrillas como las Farc y el ELN, entonces están en mitad del fuego y efectivamente han sido objeto de ataques y de violaciones de derechos humanos por parte de estos actores armados, esa es la razón porque la esta comunidad indígena podría llegar a desaparecer.
ENS: Hay defensores de derechos humanos, como usted que están en contra de las locomotoras minero – energéticas, ¿por qué?
CC:En primer lugar la decisión de la minería, en la mayoría de los casos, la más nociva está relacionada con las comunidades que hacen una empresa que se hace conceder un pedazo del territorio nacional para explotación minera, entonces esas explotaciones nunca son consultadas con las fundaciones y eso no alcanza la vocación productiva de las regiones, de manera que las zonas productoras se convierten en zonas mineras y esto tiene profunda afectación en el medio ambiente, el oro es intensivamente malo, le sigue el mercurio y el cianuro que son sustancias altamente tóxicas, entonces además de que acaban con el agua de la gente también contamina las aguas y acaba con la fauna y perjudica incluso el consumo humano. La cuestión del agua es altamente importante en la situación minera. Además, los daños en el paisaje son notorios, prácticamente la tierra queda infertilizada después de cierto periodo de explotación de los minerales.
ENS: ¿Pero la locomotora minera no es generadora de empleo?
CC:Que eso traiga empleo es dudoso, que beneficie las regiones también es cuestionable, entones no es que sea un proyecto para la gente, es por estas razones por las que muchos se oponen a la explotación minera.
ENS: Se habla de que se reglamentarán las consultas internas, ¿cree que éstas si van a beneficiar a las comunidades?
CC:Las consultas efectivas reales serían donde las personas tuvieran la información suficiente y quisieran decidir sobre el uso de sus tierras, de su territorio y de sus regiones, yo creo que sería muy benéfico. Ahora lo más importante es ver en qué términos queda la reglamentación de las consultas.
ENS: ¿Cree que la ley de víctimas y restitución de tierras va a ser un elemento que le aporte a la calidad de vida de poblaciones como Cauca, Nariño y otras afectadas por el conflicto?
CC:La única garantía que tenemos es que la ley, en alguna medida, mejore la situación de la gente.
RECUADRO
Denuncia
El viernes de la semana pasada la población Awa hizo pública una carta en la que manifiesta su rechazo hacia el constante paso de máquinas retroexcavadoras atravesando el resguardo indígena de Gran Rosario, que se encuentra ubicado en el municipio de Tumaco, en Nariño. “Para nosotros Inkal Awá es preocupante ver como siguen invadiendo nuestro territorio sin medir las afectaciones que estos actos conllevan, desde principios del mes de junio y de manera abusiva, dos retroexcavadoras se encuentra atravesando el reguardo indígena de Gran Rosario”. La misiva hace un llamado a las autoridades regionales y nacionales para que intervengan a los autores y responsables de los daños que se le están causando a la comunidad indígena.