Algunos hechos vandálicos que se registraron durante el paro nacional han puesto de nuevo sobre la palestra la necesidad de regular el derecho a la protesta social que contempla la Constitución, según lo han manifestado en este sentido partidos como el Centro Democrático y el Conservador. Esta última colectividad anunció, a través del senador Juan Diego Gómez, que insistirán en radicar una iniciativa en este sentido.

“El proyecto de ley estatutaria que buscaba reglamentar el artículo 37 de la Constitución Política, garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, garantizando el derecho también de libre asociación, de reunión y de locomoción por el territorio, buscaba evitar la criminalización y estigmatización de la protesta”, indicó el senador Juan Diego Gómez.

Agregó que en esta iniciativa se había planteado un capítulo de prohibiciones para los servidores públicos que intervinieran, también un capítulo de prohibiciones para los intervinientes en estas manifestaciones, “se planteaba también la posibilidad de identificar a los promotores, a los participantes y a los financiadores de estas marchas y de estas manifestaciones, y se planteaba también un sistema de sanciones pedagógicas que evitara la criminalización” de la protesta, dijo el parlamentario. 

No obstante anunció que “ante la realidad de que durante un año la Comisión Primera del Senado no pudo dar debate a este proyecto, la decisión es radicar nuevamente el 20 de julio este proyecto de ley estatutaria que nos permita conectar el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento, garantizando el ejercicio de este derecho fundamental, pero también garantizando el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”.

Agregó que se está “buscando a través de unos pocos artículos, principios, derechos y deberes, y prohibiciones en el uso de este derecho para evitar que terminemos con un proyecto de ley que satanice o estigmatice la manifestación pacífica”.

Vale señalar que el senador Gómez, junto con la firma de otros parlamentarios conservadores, radicó este mismo proyecto el 28 de noviembre pasado, justo después de que se presentaran desmanes en todo el país en marchas que siguieron al paro nacional del 21 de noviembre de 2020. Sin embargo esta iniciativa fue archivada por tránsito de legislatura.

En la otra cara de la moneda algunos parlamentarios de partidos independientes declarados frente al Gobierno, como el Liberal, así como bancadas de oposición, señalan que la protesta social ya está regulada en la propia Constitución, en donde dice que es un derecho del que se debe hacer uso de forma pacífica.  

El senador Iván Cepeda ha señalado que mientras que no han avanzado en el Congreso proyectos que han presentado sectores alternativos para regular el uso de la fuerza por parte de la Policía en estas protestas, “es muy preocupante que esté avanzando más lo que llaman regular la protesta social. Para eso sí hay ánimo y esfuerzo. Es muy grave que para limitar los derechos de los ciudadanos sí se empleen grandes energías y, en cambio, para garantizar los derechos no se haga lo mismo”.

Ley antivandalismo

Esta semana el presidente Duque anunció que el Gobierno radicará el próximo 20 de julio un proyecto de ley antivandalismo y antidisturbios, ante los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en varios puntos del país. 

El jefe de Estado señaló que los colombianos deben discutir a profundidad la diferencia entre la manifestación pacífica y los actos de vandalismo y violencia que algunas personas protagonizan en el marco de las protestas. 

“Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”, expresó.

"En nuestra Constitución está consagrado el poder para reclamar esos derechos, pero necesitamos también poner sobre la mesa y de manera irrestricta la discusión sobre los deberes humanos, no se pueden exigir derechos pisoteando los derechos de otros, no se pueden reivindicar derechos cercenando el de los otros", aseveró.