Es necesario que el país tenga claridad hacia dónde va el derecho que tienen las comunidades étnicas de ser consultadas previamente sobre proyectos de desarrollo que impacten los territorios en donde habitan o sus formas de vida.

Así lo señaló Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, quien hace pocos días lanzó el libro ‘De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia’.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio entre la consulta previa como un derecho de los pueblos y la necesidad de obras de desarrollo?

GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ: Desafortunadamente estamos viendo la consulta como un obstáculo para el desarrollo, cuando la consulta es un derecho que tienen esas comunidades a partir de cual tienen la posibilidad, uno, de conocer los proyectos; dos, de identificar los impactos que pueden tener los proyectos; establecer si dichos impactos tienen que ver con su cultura, tienen que ver con sus cosmovisiones y por supuesto pronunciarse sobre los mismos.

La consulta previa a mi modo de ver es una oportunidad para todo lo que tiene que ver con la protección de nuestra diversidad étnica y cultural, y adicionalmente es una oportunidad para lograr conciliar toda esa problemática que tenemos, ese enfrentamiento que hay entre el modelo de desarrollo que se está imponiendo en este momento en el mundo, que tiene que ver con recursos naturales existentes en territorios de estas colectividades, y por supuesto la visión que ellos tienen también de la utilización de dichos recursos naturales.

Considero que si en el país hiciéramos buenas consultas, consultas que sean hechas de buena fe y con procedimientos adecuados teniendo en cuenta a dichas comunidades, podríamos avanzar en resolver estas inquietudes y por supuesto en poder superar todo el problema económico que tiene el país, de desarrollo que tiene el país, pero también de protección que tiene el país.

ENS: ¿Qué opinión le merece la intención del Gobierno de reglamentar la consulta previa?

GAR: Ha sido planteada desde hace mucho tiempo la necesidad de regular la consulta previa, hay cosas que es importante tener en cuenta como por ejemplo el tema de los tiempos, pero la preocupación que siempre se ha planteado, inclusive lo han planteado las comunidades, es el tema de la limitación del derecho. Cómo vamos a hacer para ejercer este derecho de manera adecuada sin limitarlo. Sí creo que hay necesidad de tener elementos claros, no necesariamente a través de una reglamentación, puede ser producida a través de unos protocolos, inclusive que permita establecer el rol que tiene cada actor dentro de la consulta previa, y adicionalmente a eso hasta dónde llega todo este derecho en lo que tiene que ver con el desarrollo del país, en lo que tiene que ver con la protección etnicultural y además con la protección de nuestros recursos naturales. Esa es una discusión que tenemos que darla y por supuesto sería muy bueno tener claro hacia dónde vamos y para ello requiere un proceso en el cual se sienten los diferentes actores, en especial el Gobierno nacional con los pueblos indígenas, y determinen cuál sería el procedimiento para superar todos los obstáculos y problemáticas que se han presentado con respecto a la consulta.

Denuncias

Rodríguez tiene conocimiento de las denuncias sobre que hay comunidades que abusan de la consulta exigiendo cosas como electrodomésticos. “Hemos analizado varios casos al respecto y hemos encontrado varias cosas: uno, hemos encontrado inclusive que hay comunidades que solicitan este tipo de elementos que no tienen que ver con el tema de consulta previa, pero también empresas que los ofrecen o que llegan entregándolos. Entonces aquí es tan corrupto quien pide como quien ofrece”.

Añadió que “aquí hay una discusión muy fuerte y es para qué es la consulta previa, cuál es el objetivo de la consulta previa, que  no puede ser el de resolver la deuda histórica que nosotros tenemos con los pueblos indígenas”.

La experta consideró que la consulta previa debe ser un instrumento de protección de derechos, de protección de las comunidades, “pero desafortunadamente como ha habido tan mal manejo por todos los sectores, porque todos hemos fallado en el tema de consulta previa, hemos encontrado ese tipo de dificultades. Personas que quieren manipular, prebendas que se quieren ofrecer o prebendas que se solicitan, y por supuesto eso no es lo adecuado”.