Corte Suprema de Justicia, a través de la la Sala de Instrucción, rechazó las denuncias presentadas contra los congresistas Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, por hechos relacionados con la protesta social que inició el 28 de abril. Por consiguiente no se abrirá investigación contra los implicados.
De acuerdo con la denuncia los congresistas y algunos integrantes del ‘Comité de paro del 28 de abril’ habían desencadenado “actos de vandalismo, violencia, disturbios, (…) atentados contra la vida e integridad personal de miembros de la Fuerza Pública”, violando además las medidas de aislamiento por el coronavirus.
En esta denuncia también hay implicado un ciudadano por los presuntos delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad, terrorismo y extorsión.
La CSJ determinó que las razones de las denuncias “eran tan abstractas” y sin seriedad, que no podían constituirse como hechos para iniciar un proceso penal.
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Ante esta decisión, el senador Gustavo Petro, en su cuenta oficial de Twitter dijo:
Acaba la Corte Suprema de Justicia de rechazar la denuncia que se nos hacia por supuestamente estimular la violencia en la protesta social.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2021
¿Que hará ahora Vicky con la.portada de su revista injuriosa y Claudia?
¿Que harán los centenares de miles de mensajes calumniandonos?
La denuncia que fue radicada vía correo electrónico el 27 de mayo, por los abogados Víctor Mosquera Marín y Bernardo Jaramillo, cuestionaban acciones el uso del senador de su cuenta de Twitter para difundir noticias falsas sobre la responsabilidad del personal Escuadrón Móvil Antidisturbios en agresiones y homicidios de civiles en lo que va del paro nacional.
Del mismo modo los abogados denunciaron que las publicaciones de Bolívar ha ocasionado que varios miembros del partido Centro Democrático reciban amenazas en los hacen temer por su seguridad, la de su familia, y que les impiden ejercer sus actividades políticas libres de coacción e intimidaciones".
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia explicó que “tampoco hay un planteamiento claro sobre el cuál se puedan predicar posibles conexiones de causalidad o de imputación entre los aforados denunciados y las vulneraciones de diverso tipo a las que se hacen referencia”.