La Defensoría del Pueblo inició los “Diálogos ciudadanos por la reforma a la salud”, que tienen como objetivo principal entender que el sistema de salud es de todos los colombianos y, en ese orden ideas, que cualquier reforma debe considerar a la multiplicidad de actores, iniciando por los pacientes y cuidadores, como también las EPS, las IPS, la industria farmacéutica, las autoridades territoriales y nacionales, la academia, las ligas de usuarios, las veedurías ciudadanas y los trabajadores de la salud, entre otros.

Así lo destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al instalar el primero de siete espacios que tienen como fin promover y garantizar un diálogo sincero, donde los actores y sectores del sistema de salud puedan presentar sus propuestas y recomendaciones; pero también sus temores y expectativas, incluso, sin que se conozca el texto definitivo del proyecto de ley.

Allí Carlos Camargo Assis ratificó que los pacientes son el eje fundamental del sistema, porque son los destinatarios y beneficiarios del mismo. “La Defensoría de Pueblo está presta a cumplir su rol de mediador imparcial y neutral, ayudando a buscar salidas y soluciones a las conflictividades que puedan llegar a surgir”, agregó.

En la instalación del primer foro con usuarios, pacientes, cuidadores y sus organizaciones, en la sede central de la Defensoría del Pueblo reiteró que “el objetivo de este ciclo de diálogos ciudadanos es escuchar a los principales actores del sistema de salud, sobre el impacto que esta reforma pueda tener en cada uno de los sectores y, en especial a los pacientes, titulares del derecho fundamental a la salud”.

El defensor del Pueblo indicó que esta es “una invitación masiva y abierta al público, de los distintos sectores y actores del sistema de la salud y por eso anunció que el segundo diálogo se desarrollará el lunes 6 de febrero con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), de los regímenes subsidiado y contributivo, y con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas”.

El tercer diálogo será el martes 7 de febrero, con líderes gremiales relacionados con la industria farmacéutica y con representantes de la academia en materia de salud y organizaciones sindicales. Y el cuarto diálogo tendrá lugar el miércoles 8 de febrero, con autoridades territoriales.

“El objetivo es que, en la Defensoría del Pueblo, como garantes, podamos canalizar esta serie de preocupaciones y facilitarles a los usuarios el acceso y prestación del sistema de salud en condiciones de accesibilidad, oportunidad y calidad”, concluyó Carlos Camargo Assis.

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La Defensoría ante las EPS

La Defensoría del Pueblo expuso la necesidad de que ante la liquidación de las entidades prestadoras de salud, se priorice a los beneficiarios de estas entidades y los convenios que se deben llevar a cabo para que los tratamientos médicos continúen.

"La liquidación de las EPS debe tener como foco a los pacientes y la continuidad de los tratamientos de los beneficiarios", aseguró el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.

La Defensoría recordó la problemática actual en los territorios más alejados del país ante la liquidación de las empresas prestadoras de salud, que se evidencia cuando existen tratamientos de atención inmediata y ante esta situación una EPS liquidada no cumple con el previo traslado de sus pacientes con convenios efectivos, lo que genera graves riesgos a la vida de los pacientes.

En las visitas de verificación en terreno que adelanta la Defensoría en todo el país, se ha constatado que las empresas prestadoras de salud solo tienen oficinas en las cabeceras municipales y capitales de departamento, por eso, en las zonas rurales alejadas, por ejemplo en los departamentos de la Orinoquía, Amazonas, Guainía y Guaviare, el sistema de salud es solo letra escrita en la Ley pero no es accesible para la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo también expuso la labor de su Delegada para el Derecho a la Salud y Seguridad Social en el acompañamiento frente al tema de las tutelas por los servicios de salud. La información más reciente de la Delegada muestra que de las 176.000 tutelas que se han recibido en el primer semestre de este año, cerca de 53.000 aluden al derecho a la salud, lo que representa un 30,5 % de la totalidad de las tutelas, evidenciando que este es el derecho más tutelado.