Hoy los colombianos volverán a las urnas, esta vez para definir quién va a dirigir el rumbo del país para los próximos cuatro años. En medio de una campaña agresiva, los dos candidatos, a través de sus programas de gobierno, demuestran diferencias que van mucho más allá de discusiones verbales o mensajes a través de redes.
Las discrepancias comienzan desde los modelos de gobierno. Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de Los Andes, advierte que en política tributaria el país tendrá que decidir entre dos opciones con muchas dificultades de gobernabilidad.
Velásquez señala que con el candidato Rodolfo Hernández “pensar el país como una empresa, es dramático para las agendas de derechos humanos, pues estas se volverían negociables con la premisa de revisar la viabilidad financiera de cada una de ellas”, explicó.
“Todos los discursos de movilización política son básicamente apuestas de corruptos por bloquear la agenda del gran gerente que viene a sacar adelante el país como una empresa”, advierte.
Por otro lado, con el candidato Petro se observa una figura de “mesías”, que se traduce en un “sígueme y te salvarás”. Es decir, “cualquier persona que se sume al petrismo es perdonado por su pasado y es recibido como la promesa de cambio”, plantea el profesor.
El IVA
Por un lado, Rodolfo Hernández asegura que reemplazaría el IVA del 19% por un IVA “no descontable” del 10%. Dado que el IVA es por definición un impuesto “descontable”, la propuesta en realidad se asemeja a un impuesto al consumo que grava bienes finales al igual que los insumos (bienes intermedios) que se usan para producir los bienes finales.
Gustavo Petro, por su parte, propone aumentar el IVA de los alimentos ultraprocesados, una medida a favor de los defensores de los llamados “impuestos saludables”, que buscan desincentivar el consumo de alimentos que deterioran la salud. No se aumentaría el IVA a productos de la canasta familiar.
Más económicas
Hernández propone un estatuto tributario territorial para incrementar la base de los ingresos sin que esto implique nuevas reformas tributarias. Además, plantea:
• Actualizar el catastro y asegurar su articulación con el registro para incrementar el predial.
• Mayor simplicidad y diferenciación.
• Impuestos compartidos con el gobierno central.
• Mayor control y vigilancia de recursos públicos y gestión territorial.
También busca eliminar el 4X100.
Petro, por su parte, promueve una reforma tributaria que lleve a Colombia, de manera gradual, al nivel de recaudo de la OCDE, con justicia tributaria, sin tratos diferenciados.
En declaraciones ha mencionado que su reforma tributaria estaría concentrada en las 4.000 personas naturales y jurídicas más adineradas del país.
Propone un desmonte gradual de beneficios tributarios sin justificación económica o social y reducción de la brecha entre la tarifa nominal de tributación y la tarifa efectiva de tributación. Asimismo:
• Desincentivo gradual vía tributaria de la actividad extractiva minero-energética.
• Eliminación de las rentas cedulares: se cobraría el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales.
• Será obligatorio decretar dividendos, al menos en un porcentaje cercano al 70%.
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Ingreso mínimo
El exalcalde de Bucaramanga autorizará la devolución de saldos pequeños en BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) con la contrapartida o subsidio del Estado, cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Tal medida debe enlazarse con el programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo que evite a los beneficiados caer en la miseria que muchos adultos mayores viven hoy.
Y el exalcalde de Bogotá defenderá que el salario mínimo cumpla con los mandatos constitucionales en el marco de derechos sociales propios de un Estado Social de Derecho, incluyendo el derecho fundamental al ingreso mínimo vital.
Pensiones
El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción impulsará un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público.
Igualmente plantea que por ley se otorgará una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.
Revisará la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que aplane la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría -en la base- percibe una remuneración pequeña.
Reformará Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.
En la otra orilla el aspirante del Pacto Histórico dice en su programa de gobierno que adelantará una reforma pensional bajo el enfoque de la garantía del derecho y no como negocio; consolidando un sistema público con parámetros unificados y criterios de solidaridad intergeneracional para que se tenga la certeza sobre el beneficio pensional y vitalicio por parte del trabajador.
Al mismo tiempo, generará un mecanismo de solidaridad donde el Estado coadyuve la cotización de los trabajadores de la economía popular y del cuidado, favoreciendo principalmente a las mujeres sin acceso a la pensión y a las personas que no pueden contribuir por su bajo nivel de ingreso.
Mantendrá la edad actual de pensión y no modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.
Y armonizará los requisitos para que haya coherencia entre la edad de pensión y las semanas cotizadas para las mujeres, compensando las desigualdades que estas enfrentan en el mercado laboral y en la vida social, como menores remuneraciones por igual trabajo, la salida forzada para dedicarse a trabajos de cuidados no remunerados, las barreras de acceso en ciertos sectores económicos, entre otras.
Adicional a todo esto, si las personas llegan a la edad de pensión sin el número de semanas suficiente, en vez de realizar devolución de saldos, se plantearán mecanismos para realizar los aportes de las semanas faltantes y de esta manera acceder al derecho a la pensión.
Beneficios tributarios
Hernández eximiría de carga tributaria a las nuevas empresas por sus primeros tres años de operación. Buscaría mejorar la competitividad de las empresas eliminando los impuestos (no es claro cuáles) a la adquisición de bienes de capital.
Petro propone el desmonte de beneficios tributarios que considera injustificados. No obstante, considera justificados los beneficios tributarios para la adopción de energías limpias. Propone revisar la normatividad de las zonas francas para que cumplan exclusivamente su papel de promoción de exportaciones.
Reforma agraria
El candidato santandereano tiene la idea de modernizar y formalizar el campo partiendo de la perspectiva de que es, precisamente, el motor del trabajo. Esto lo hará mediante la consolidación de un mapa en el marco de la implementación del catastro multipropósito en todo el país.
Adoptará una visión estratégica para lograr el desarrollo del campo, mediante la entrega de la tierra titulada a la población rural para que sea productiva; hacer cumplir las normas de restitución y garantizar la presencia estatal para la protección de la vida del campesino.
Impulsará la generación de empleo con medidas que asuman la concentración de esfuerzos estructurales, políticos y económicos, encausados hacia el bienestar, de manera que se desestimule la migración del campesino hacia las ciudades.
Desarrollará una política de inversión en el campo, de acuerdo con el Plano Agrológico Nacional (del cual es responsable actualmente la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi), a partir de créditos otorgables solamente a quienes adopten las recomendaciones del mencionado plano. Los subsidios se pueden condonar siempre que los cultivadores cumplan con el compromiso de producción.
Implementará políticas que permitan disminuir los costos de crédito como, por ejemplo, pignorar la producción con la firma solidaria del dueño del predio junto a sus allegados en primer grado de consanguinidad y de afinidad, de manera que no se haga necesaria la hipoteca. Cuando haya tenedor (no propietario), es necesario buscar el mecanismo para hacer viable dicha acción.
Establecerá una política de Estado agropecuaria y rural que responda a las variables internacionales del mercado y de la demanda interna, teniendo como eje central la industrialización del campo.
Promoverá una ley agropecuaria que priorice el uso de insumos de origen nacional, particularmente de los fertilizantes, de manera que se abra una puerta para la recuperación de algunas empresas de esta industria en el país.
Implementará modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas.
Mantendrá los subsidios existentes y creará los necesarios para equilibrar los costos del campesino colombiano con los productores extranjeros y así generar condiciones de equidad entre los exportadores y los productores del renglón agropecuario. Revisará el cumplimiento de las condiciones de los TLC.
Creará el “mercado campesino”, en el que se podrán eliminar las barreras de comercialización que dan pie a la intermediación de especuladores, generando pérdidas en los agricultores ante las ganancias de quienes especulan con el precio de los productos agrícolas.
Del otro lado, Petro garantizará el derecho a la tierra para las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitar la expansión indiscriminada de la frontera agraria y la colonización de baldíos.
Impulsará la conexión de las unidades de producción con los centros de comercio y exportación y garantizará el acceso a bienes y servicios públicos que permitan aumentar la productividad, la innovación y los encadenamientos entre los campos, las ciudades y el mundo.
Priorizará la titulación de tierra a nombre de las mujeres rurales, que han sido históricamente las guardianas de las semillas, el agua, la tierra y la vida.
Realizará el catastro multipropósito con base en el cual se desincentivará el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y se orientará la distribución equitativa de la tierra.
Estimulará el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva, especialmente la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles.
En aquellas subregiones estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondrá al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes o, en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales.
Y por último avanzará en una estrategia de sustitución de tierras y economía en los territorios cooptados por las economías ilegales como mecanismo fundamental para lograr una economía productiva, alcanzar la soberanía alimentaria, superar la violencia, proteger la naturaleza y entrar en una era de paz.
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Desempleo
Hernández incentivará la creación de emprendimientos digitales y apoyará financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes que busquen construir empresa antes de tener su primer empleo o a las personas que ya no encuentran una oportunidad laboral.
También potenciará el crecimiento económico del sector manufacturero, la demanda interna de bienes y servicios para disminuir las importaciones y maximizar las exportaciones, en una dinámica en la que se pueden involucrar políticas de investigación en las universidades para mejorar todas las condiciones de producción, de manera que el sector sea competitivo y puedan sustituirse importaciones.
Acompañará la gestión de las bolsas de empleo de manera que faciliten y promuevan la reubicación laboral de los trabajadores en condición de debilidad manifiesta.
Y generará una instancia de coordinación y gestión del empleo más robusta dentro del Ministerio del Trabajo. El país sabrá qué sectores económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de qué tipo, incluso en dónde se debe actuar para salvar puestos de trabajo.
Petro impulsará un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro, que incluya a los empleados de las economías populares, rurales y del cuidado, a los asalariados formales y a los contratados mediante órdenes de prestación de servicios y demás formas temporales.
Implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no puedan encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino su complemento permanente.
Considera que el Estado debe contratar obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten.
Finalmente reconocerá y remunerará trabajos que se encuentran por fuera de la esfera del mercado, en especial el trabajo del cuidado.
Seguridad
En esta materia Hernández plantea una serie de estrategias, comenzando por generar ingresos dentro de la población, desde la perspectiva de que la manera de acabar con la inseguridad -en su componente estructural- se basa en que los ciudadanos tengan una fuente de recursos fija.
Igualmente se pone la meta de alcanzar cero impunidades para personas que generan la inseguridad, entre ellos “los políticos corruptos que hacen más lejanas la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido de que la politiquería es generadora directa de violencia por la desatención de las necesidades ciudadanas”.
Además, plantea reestructurar el Inpec y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Esto significa relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar autosostenimiento y generación de bienestar.
Por su parte, Petro señaló que “proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial para adolescentes”.
El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia. Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y, de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del Esmad y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”, concluyó.