La modificación parcial de la Ley de Garantías Electorales sigue dando de qué hablar, a pesar de haber sido sancionada por el Presidente de la República dentro de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022.

El pleito pasó ayer de lo político a lo jurídico, por cuenta de las primeras demandas de inconstitucionalidad contra la recién sancionada norma.

Por ejemplo, el senador exLa U y hoy en las toldas petristas, Roy Barreras ,presentó su propia demanda. “Resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, pretermitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes, de conformidad con lo previsto en la Ley 3ª de 1992, en concordancia con el artículo 142 de la Constitución”.

“La reforma a una ley de carácter estatutario se debe hacer con todas las formalidades previstas para la expedición inicial de este tipo de leyes, por cuanto cada una de las disposiciones de la ley estatutaria reformada fueron objeto de control constitucional y una reforma a las mismas debe contar también con este tipo de control previo para verificar que el contenido de estas nuevas disposiciones sea también acorde con el texto constitucional”, agregó.

Barreras precisó que “el procedimiento de aprobación y contenido de la ley de presupuesto está definido en los artículos 347 a 352 de la Constitución y es claro a todas luces que esta ley que tiene una vigencia exclusiva de un año, no puede incluir temas de carácter permanente, asuntos que no se relacionen con el presupuesto”.

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Ayer el propio presidente Iván Duque les salió al paso a estas críticas y defendió el haber sancionado la Ley de Presupuesto, donde estaba incluida la modificación de la Ley de Garantías. El mandatario anunció incluso una vigilancia extrema para evitar el uso de recursos oficiales en la campaña proselitista.

“Se ha conformado una gran coalición del sector privado y del sector público y también con la participación de medios de comunicación, para hacerle ese seguimiento y ese escrutinio minucioso a todos los convenios interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno nacional y los entes territoriales en el marco de esta suspensión", explicó ayer.

De acuerdo con el Presidente, el objetivo es "darle a todos los ciudadanos la tranquilidad y la certeza, de que esos convenios se suscribirán guardando el más claro apego a toda la transparencia y a garantizar que cada recurso vaya orientado a su destinatario final".

Por último, Duque enfatizó en que "no hay ni derogatoria, ni eliminación, ni suspensión de la Ley de Garantías. Lo que se ha establecido a solicitud de alcaldes y de gobernadores, y también en la discusión que tuvo lugar en el Congreso de la República, es que se pudiera hacer esta suspensión, por un año, para facilitar el proceso de desarrollo de infraestructura e inversiones a nivel territorial que contribuya a la reactivación económica de nuestro país".