DURANTE EL año en curso uno de los temas que mayor polémica ha suscitado corresponde al proyecto de reforma al sistema de salud presentado por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Grosso modo, el proyecto contempla la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS) que brinden servicios integrales y preventivos a la población, con énfasis en las zonas rurales y marginadas. Se propone eliminar los carnets y hacer de la salud un derecho universal, sin intermediarios ni barreras de acceso teniendo a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud (ADRES) como única encargada de pagar directamente a los prestadores de servicios, sin intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

En ese sentido, como una de las propuestas más polémicas, el Gobierno Nacional contempla acabar con las EPS, puesto que, a su juicio, generan ineficiencia, corrupción, intermediación y barreras de acceso al sistema.

Ante este panorama, la senadora Paloma Valencia aseguró en diálogo con este Diario que el proyecto del gobierno tiene muchos problemas, pero, tal vez, el más grande, afirmó, es que no ha entendido cómo funciona el sistema.

“Decir que las auditorías las van a hacer las EPS y que se les va a pagar el 8% es simplemente romper uno de los incentivos que han sido cruciales para que el sistema funcione. Las EPS tienen que cuidar la plata porque de lo que quede depende su utilidad, que tiene un tope, pero tiene que ser de esos recursos. Lo segundo es que el mecanismo del giro directo y eliminar que las EPS administren los recursos, hace imposible fijar los precios”, explicó.

¿Cómo funciona hoy?

La senadora recalcó que a las EPS les dan unos recursos limitados por el número de afiliados que tienen.

“Con esa plata más o menos prevén qué es lo que van a necesitar y negocian con los hospitales los precios de los servicios. Las buenas EPS y las que pagan a tiempo, pagan menos por los servicios porque pagan a tiempo. Las malas EPS ofrecen mejores precios, pero terminan por no pagar y de esa manera los hospitales van saliendo cómo son las EPS, qué precios pueden cobrar y, finalmente, qué pagos van a recibir”, explicó.

Al respecto, advirtió que pasar a una tabla de precios, como sugiere el Gobierno, significaría que se privilegiará el mal servicio.

“Si le pagamos lo mismo a alguien que presta un buen servicio, con buenos médicos bien pagados, con equipos de altísima tecnología que a aquel que lo hace con malos médicos, mal pagados y sin equipo, pues entonces simplemente estaba yéndole bien al que presta mal servicio. El problema de la fijación de precios es uno de los temas más importantes del sistema que también destruye el proyecto del Gobierno. El Gobierno está entregando funciones a las alcaldías y en Bogotá puede funcionar, pero yo invito a que pensemos en los municipios de sexta categoría que son la gran mayoría de los municipios, donde vamos a tener un director del Centro de Atención Primaria (CAP) que termina teniendo un salario más alto que el propio alcalde”, instó Valencia.

Politización de la salud

La congresista aseveró que en la actualidad uno de los grandes financiadores de las campañas políticas son los hospitales. “Lo que más se pelean los políticos corruptos son las secretarías de Salud y las direcciones de los hospitales porque no solamente les sacan plata a través de esos carruseles de contratación, sino que los llenan de burocracia. El Gobierno tiene que reconocer que los servicios que presta el sector privado comparados en promedio con los que presta el sector público, tienen una cantidad de resultados mucho más favorables”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que uno de los grandes problemas del proyecto del Gobierno es que desconoce cómo funciona el sistema de salud y no entiende que montar un sistema de salud es mucho más difícil que sacar una ley.

“Preocupa sobre manera el poco tiempo que tiene para la transición. Me parece supremamente importante también resaltar que el Gobierno al ofrecer el 8% a las EPS las está liberando de una de las funciones más grandes que es la auditoría. Estaríamos pagando sin que haya claridad sobre quién organiza la red y de quién es la responsabilidad tanto de la red como de que los recursos limitados que hay alcancen para el cubrimiento de toda la demanda de salud”, concluyó.