El próximo 2 de septiembre finalizará el tiempo de Carlos Córdoba al frente de la Contraloría General, por lo que la elección de su sucesor por parte del Congreso será en agosto, cuando se posesionará el nuevo Jefe de Estado. 

Es la única cabeza de órganos de control, Fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional que mantiene su periodo en concordancia con el sistema de pesos y contrapesos establecido frente a un nuevo gobierno.

Dentro de la separación de poderes con el sistema de pesos y contrapesos, que es observado en muchos países, se busca prevenir que el poder quede concentrado en el gobierno de turno.

Por ello la Asamblea Nacional Constituyente al redactar la actual Carta Política se cuidó de que el periodo de las cabezas de los órganos de control, del Fiscal General y los magistrados de la Corte Constitucional, no coincidiera en su mayor parte con el de un mismo gobierno.

Ese equilibrio se rompió producto del Acto Legislativo 02 del año 2004 que introdujo la reelección presidencial inmediata, la cual en primer término sirvió al entonces presidente Álvaro Uribe para que tuviera un segundo periodo 2006-2010 y luego a su sucesor, Juan Manuel Santos, reelegirse para el lapso 2014-2018.

La Constitución en el artículo 267 establece que “el Contralor será elegido por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo”.

De esta forma la Constitución busca que el Presidente en ejercicio no tenga injerencia alguna en la elección del Contralor General, quien tiene la función de cuidar el uso adecuado y de acuerdo a la ley de los recursos públicos.

Sin embargo, en el caso de las otras cabezas de los órganos de control, la Procuraduría y el Defensor del Pueblo, la Constitución no estableció que su periodo coincidiera o no con el Jefe del Estado.

Empero por la forma como se dio en un primer momento, tras expedirse la nueva Carta Política, se logró que en el tramo final de un gobierno se eligieran Procurador General, Defensor del Pueblo y Fiscal General, con el fin de que la mayor parte de su periodo lo desarrollaran en la entrante administración, esto con el fin de buscar garantizar aún mayor independencia en el ejercicio de sus funciones.   

La Constitución establece que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

De igual manera, la Carta Política indica que el Defensor del Pueblo será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro años, de terna elaborada por el Presidente de la República.

Así mismo señala el texto constitucional que el Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. 

Qué ha sucedido

Lo que se ha visto tras la introducción de la reelección presidencial inmediata en 2006 es que el período de las cabezas de los órganos de control, del Fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional no ha quedado en su mayor parte en el gobierno entrante sino repartido.

Es un  fenómeno que se ha presentado en las administraciones de Álvaro Uribe (2006-2010), Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), así como la actual de Iván Duque.

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La recomposición del sistema de pesos y contrapesos no se ha restablecido, a pesar de que la Reforma de Equilibrio de Poderes del año 2015 prohibió la reelección presidencial.

El actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se posesionó el 1 de septiembre del 2020, luego estará en el cargo hasta el 30 de agosto del 2024. Fue ternado por el presidente Duque.

Como consecuencia, el defensor Camargo cumplirá dos años de su periodo durante la administración de Iván Duque e igual lapso en el mandato del nuevo Jefe de Estado que tome posesión el próximo 7 de agosto.

Mientras que la procuradora General, Margarita Cabello, se posesionó el 15 de enero pasado, por lo cual permanecerá en el cargo hasta el 14 de enero de 2025.

Es decir, que el periodo de la procuradora Cabello coincidirá durante 17 meses con el gobierno Duque. 

Vale recordar que Cabello Blanco fue ternada por el presidente Duque para Procuradora General, tras ser parte de su gabinete, pues fue ministra de Justicia, cargo al que renunció precisamente para aspirar a la jefatura del Ministerio Público.

El sistema de pesos y contrapesos en el caso de Procurador General de la Nación, no solo fue desincronizado por la introducción de la reelección presidencial inmediata sino antes, en el año 2004, por la reelección de Edgardo Maya Villazón, quien fue el primer jefe del Ministerio Público en lograr un segundo periodo. 

Posteriormente, en el año 2012, Alejandro Ordóñez fue reelegido como Procurador General.

No obstante, la Reforma de Equilibrio de Poderes del 2015 prohibió la reelección del Procurador General de la Nación y de los demás jefes de los órganos de control.

El Fiscal estará hasta 2024

Francisco Barbosa Delgado se posesionó el 13 de febrero de 2020 como Fiscal General de la Nación, por ello su periodo se extenderá hasta el 12 de febrero de 2024.

Como consecuencia, Barbosa cumplirá 30 meses de su periodo durante el gobierno de Iván Duque y 18 meses con la administración del Jefe de Estado que resulte elegido en mayo próximo o, de ser necesario, en una segunda vuelta en junio de este año.

En su momento se criticó por parte de la oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil la cercanía de Barbosa con el presidente Duque, pues son amigos desde la infancia y antes de que lo ternara para Fiscal, se desempeñaba en su gobierno como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

De otra parte, en el período de Iván Duque han sido elegidos tres magistrados de la Corte Constitucional, uno de ellos ternado por el Jefe de Estado, Paola Andrea Meneses Mosquera.

Los otros dos, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Natalia Ángel, fueron ternados por el Consejo de Estado. No obstante en este caso no se desconoce la influencia que puede tener el Jefe de Estado en la elección por parte del Senado, teniendo en cuenta que el actual Mandatario cuenta con las mayorías en esa Corporación.