Un llamado a las altas Cortes y al fiscal Eduardo Montealegre, para que respeten la autonomía del Congreso en la reforma de equilibrio de poderes, hizo el senador Jaime Amín, del Centro Democrático.

El congresista sostuvo que aunque se tengan profundas divergencias frente a esta iniciativa, lo que se pide es respetar lo que determine el Legislativo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el tema de la reforma de equilibrio de poderes?

JAIME AMÍN:Me da una mezcla de preocupación y rechazo la actitud que han tomado algunas personas, en especial quienes administran justicia, porque quieren desconocer la competencia normativa que tiene el Congreso para adelantar esta reforma.

Y nos hemos enterado que el fiscal general de la Nación, cosa que sería inaudita, ojalá sea un rumor y no una certeza, estaría solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para que el Congreso no continúe con esta iniciativa. Nos llegó esa información sin verificar. Nosotros no la podemos dar por cierta, pero si fuese cierta sería algo que casi se constituiría en un golpe de Estado, porque sería nada más, ni nada menos, la intromisión indebida en una competencia constitucional del Congreso.

Nos guste o no nos guste, este Congreso tiene la competencia para adelantar esta reforma. De hecho el Centro Democrático mantiene unas profundas divergencias y diferencias frente a lo que ha quedado consignado en el tránsito legislativo de equilibrio de poderes. Pero respetamos y consideramos legítimo la competencia constitucional que tiene el Congreso.

ENS: ¿Qué le dice usted a la Rama Judicial?

JA:Que nos serenemos todos, que no hay que caer en la histeria colectiva, que el país, y cuando hablo del país, hablo del país político, del país nacional, del país jurídico, todos, estábamos hasta la coronilla de la disfuncionalidad, de la inoperancia absoluta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que no servía ni sirve para nada. Y que por eso en buena hora el Congreso, en uno de los capítulos de esta extensa reforma, mal llamada de equilibrio de poderes, está entregándole una solución armónica para que ningún colombiano excepto quien ejerza la Presidencia de la República, pueda tener una especialidad de juicio, como está consagrado en el proyecto.

ENS: ¿Cuál es la mejor forma de sacar adelante esta reforma de equilibrio de poderes?

JA:Ya es muy complicado, porque el partido, y se lo digo como ponente, ha tomado una distancia crítica frente a los asuntos más polémicos de esta reforma. Pero finalmente, si en términos de democracia la Unidad Nacional sigue imponiendo su criterio, no nos queda más remedio que en principio respetar la determinación del Congreso y eventualmente acudir a otras instancias, si no estamos de acuerdo con el contenido final de la reforma.

Pero, repito: cada loro en su estaca. El Congreso en lo suyo, las Cortes en lo suyo, el fiscal en lo propio y el Gobierno garantizando que exista una independencia y autonomía de los Poderes Públicos en Colombia.

ENS: ¿Demandarían esta reforma?

JA:No hemos evaluado esa posibilidad, pero tampoco se podría descartar, porque a lo largo del tránsito legislativo hemos hecho profundas observaciones frente a las inconveniencias de muchas de las disposiciones que contiene la reforma.

ENS: El magistrado Gustavo Gómez aseguró que esta reforma acababa con la independencia de la Rama Judicial. ¿Es cierto?

JA:No, de ninguna manera. Nos parece que es una exageración. Antes por el contrario, lo que está es redefiniendo las competencias de los Poderes Públicos en Colombia para que cada cual se dedique a lo suyo: el Congreso a legislar, el Gobierno a ejecutar y las Cortes a administrar justicia.

ENS: ¿A qué se debe que exista intromisión en el Poder Legislativo?

JA:Los jueces no pueden hacer política. Tienen que dedicarse única y exclusivamente a la sagrada disposición de administrar justicia, con su leal saber y entender, pero la política hay que dejársela a los políticos.
ENS: ¿Ellos están haciendo política?

JA:Mientras no se respeten las competencias del Congreso, cualquiera de las advertencias o posiciones tanto del fiscal o de los altos tribunales pueden verse como una indebida intromisión en las competencias del Congreso.