La recuperación para el Estado de los bienes que tomaron los responsables del Carrusel de la Contratación en Bogotá sigue. En esta ocasión se trata de 24 bienes avaluados en 40.633 millones de pesos que el excontratista Emilio José Tapia Aldana, un testaferro suyo llamado Carlos Augusto Joly y su más cercano grupo familiar vieron afectados por un proceso de extinción de dominio.

El Fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, explicó que “se lograron materializar las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 24 bienes. Es decir, pasaron a ser adminsitrados por el Estado”.

La Fiscalía General de la Nación sometió a este procedimiento seis inmuebles, 12 sociedades comerciales y productos financieros y más de 2.700 millones de pesos, producto del embargo de las cuentas de la empresa Temach. Los predios que fueron sometidos a este proceso están ubicados tres en Bogotá, 2 en Sahagún (Córdoba) y un lote en Tabio (Cundinamarca).

La acción realizada por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio y el Lavado de Activos persigue los bienes que aparecen en cabeza de Tapias Aldana, Joly Herrera, su núcleo familiar y terceras personas. Estas últimas no poseen la capacidad económica para adquirir los predios que figuran a su nombre.

Esta historia arranca desde el mes de abril del 2013, cuando se emitió una resolución para iniciar la extinción de dominio de los bienes de 14 personas pertenecientes a la administración del detenido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, unos lobistas y contratistas de la ciudad, que hacen parte del llamado Cartel de la Contratación./Foto archivo ENS