La Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional implementar siete planes de choque para cada una de las regiones identificadas por la Defensoría del Pueblo como zonas con emergencias humanitarias recurrentes. También deberá presentar un informe con los resultados de la implementación de cada plan en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba y Norte de Santander.

La Sala Especial de Seguimiento, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, constató que persiste el estado de cosas inconstitucional en materia de prevención del desplazamiento y protección de la población víctima de dicho flagelo. A esta conclusión llegó luego de realizar un análisis de los resultados de la política pública y de la respuesta institucional ante la existencia de falencias estructurales identificadas en el Auto 373 de 2016.

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En relación con los resultados de la política pública, la Sala estableció que los indicadores expuestos por la Unidad para las Víctimas reflejaban un retroceso en la garantía de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de la población en situación de desplazamiento forzado. Lo expuesto, como consecuencia de: la agudización del conflicto armado en las regiones  mencionadas; la expansión de este hacia otros departamentos; el aumento de la violencia generalizada en el país; y el crecimiento sostenido de desplazamientos masivos y confinamientos.

De acuerdo con el diagnóstico de la Corte, este contexto se agravó como consecuencia de la transformación y continuidad de cuatro factores: la presencia de cultivos ilícitos; el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por actores armados; las minas antipersona y municiones sin explosionar, entre otros.