En un concepto dirigido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Procuraduría General de la Nación responsabilizó a la extinta guerrilla de las Farc sobre el reclutamiento de manera sistemática de menores de edad, así como de sus actividades relacionadas con el narcotráfico para financiar la guerra.

“Dicha guerrilla si se benefició del narcotráfico, pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las Farc se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”, se lee en el documento.

De igual forma, en el texto de más de 100 páginas entregado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el Ministerio Público añadió sus observaciones frente a las versiones voluntarias rendidas por miembros del Frente 5 de esa guerrilla, en desarrollo del macrocaso 04 que se ocupa de la situación territorial de la región de Urabá.

Aparte del reclutamiento de menores y el narcotráfico, el órgano de control determinó que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse, “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.

Sin embargo, y aunque se muestren varias evidencias que validan esta conducta, la Procuraduría indicó que los altos mandos de las Farc aún no han reconocido haber cometido varios delitos durante la época de conflicto armado ante la jurisdicción de Paz, entre ellos, la violencia sexual.

Dentro de los casos recopilados por la entidad, se contempla el de una niña integrante de ese frente que aparentemente “fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra”, por lo que se solicitó a las Farc “pedir perdón a la sociedad civil colombiana por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.

Desplazamiento forzado

Por otra parte, la Procuraduría General resaltó que, a través de los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá antioqueño, “las Farc-Ep constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región, especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y La Larga-Tumaradó, entre otros”.

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En cuanto a la utilización de métodos y medios de guerra expresamente prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el órgano de control solicitó profundizar en el análisis de esa conducta “para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.     

Asimismo, la Procuraduría pidió profundizar en algunos hechos puntuales perpetrados por dicho frente armado que, en los años de conflicto, “generaron graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras”.

Frente a la financiación de las antiguas Farc, el Ministerio Público indicó que “es necesario explorar las fuentes que tuvieron para cubrir los gastos de guerra, lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas voluntarias pagadas, según los comparecientes, por ganaderos, empresarios y hoteleros”.

Respuesta de exmilitantes

Ante la alerta que publicó la Procuraduría en la JEP, se han conocido varias reacciones al respecto. Una de ellas fue por parte de los exaltos mandos del grupo armado, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, quienes en un documento señalaron que la guerrilla no estaba dedicada al tráfico de drogas.

“De acuerdo a mi conocimiento y experiencia dentro de las Farc, la organización no vendía cocaína (...) las Farc no eran una organización dedicada u orientada al narcotráfico, por lo que nunca se enfocó en producir sus condiciones”, expresó Catatumbo. A su turno, Alape agregó que en su etapa como insurgente “se cuestionaba el fenómeno del narcotráfico”.

Asimismo, los dos dirigentes del partido Comunes afirmaron que nunca hubo en las filas de las Farc una política de ataque o fusilamiento a quienes abandonaran la antigua guerrilla. “Al interior de las Farc no existía un plan o una política general encaminada al asesinato de los disidentes o de los desertores”, comentaron.