El Ministerio de Salud emitió el pasado viernes la resolución 370 de 2025, en la que anunció la creación de mesas técnicas para la revisión del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 2024, que fue de 5,36 %, para financiar parte del sistema de salud, especialmente tratamientos de alto costo, monto que fue determinado como insuficiente por parte de gremios y asociaciones de pacientes.
El anuncio se hace en cumplimiento de los ordenamientos de la Corte Constitucional, que pidió la revisión de este porcentaje para aliviar la crisis en el sistema de salud. Asimismo, la Corte había solicitado el pago de los presupuestos máximos adeudados por el Ministerio y la Adres del año 2022 y cinco meses comprendidos de octubre a enero de 2022.
Desde el Ministerio se aseguró en su comunicado que además de realizar el ajuste necesario para 2024 y esclarecer una nueva fórmula para realizar el cálculo y evitar brechas ante las necesidades del sistema, también pretende “evaluar eventuales rezagos en los valores fijados para las vigencias 2021, 2022 y 2023”.
Estas mesas estarán conformadas por el Ministerio de Salud, el de Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General y la Superintendencia Nacional de Salud. También se sumarán las EPS y IPS, así como las agremiaciones que las reúnen, las agremiaciones de pacientes y el sector académico, quienes autónomamente designarán sus representantes de conformidad con lo establecido en la resolución.
Su creación constituye entonces el cumplimiento parcial de los autos de la Corte Constitucional y podría ser el paso final que destrabe el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Sin embargo, desde la oposición se ha asegurado que si bien es positivo que finalmente el ministro Guillermo Jaramillo responda al alto tribunal, lo hizo a través de algunos vacíos legales.
Y es que, de acuerdo con lo anunciado una semana atrás, el pago de los presupuestos máximos de 2022 se hará por cuotas, de las cuales el primer giro, de 200.000 millones de pesos, ya se efectuó. No obstante, queda pendiente al menos un billón de pesos por ser pagado desde el Ministerio, por lo que desde la mesa directiva de la Cámara no habría aval aún para permitir el ingreso de esta polémica reforma en las sesiones que se desarrollan en esta corporación.