El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó a la Corte Constitucional anular el Auto 007 de 2025, en el que el alto tribunal declaró la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024 y ordenó la creación de mesas técnicas para reajustar su cálculo en 2025.
La petición fue presentada por el director jurídico encargado del ministerio, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, mediante un documento de 51 páginas dirigido a los magistrados Vladímir Fernández, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes, de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
El MinSalud fundamentó su solicitud en presuntas vulneraciones al debido proceso, el derecho a la defensa y la contradicción. En el documento radicado ante la Corte, argumenta que no tuvo oportunidad de controvertir las pruebas y documentos presentados por otros actores del sector salud, como las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y sus agremiaciones, dentro del debate sobre la suficiencia de la UPC.
Asimismo, el ministerio sostiene que la Corte Constitucional no valoró de manera adecuada el "Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo para el cálculo de la UPC 2024", un análisis técnico elaborado por la cartera de salud que, según el Gobierno, debía ser contrastado con otro estudio de similar rigor y sin conflictos de interés.
Otro de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad es que la Corte habría desconocido el precedente judicial que establece la UPC como un monto fijo ex ante, lo que implicaría que no puede ser ajustado posteriormente, como lo establece el Auto 007 de 2025. Además, el ministerio cuestionó la "valoración caprichosa y arbitraria" de las pruebas por parte del alto tribunal y advirtió que el auto “carece de sustento probatorio” para determinar la insuficiencia de la UPC y ordenar ajustes a las vigencias de 2021, 2022 y 2023.
Cumplimiento de órdenes judiciales y controversia
A pesar de la solicitud de nulidad, el Ministerio de Salud aseguró que cumplirá con las disposiciones emitidas por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, tanto en lo relacionado con los presupuestos máximos (Auto 2049 de 2024) como con la UPC (Auto 007 de 2025). Sin embargo, el debate sobre la suficiencia de los recursos para el sistema de salud sigue generando controversia entre el Gobierno y distintos actores del sector.
El ministerio también reiteró que la responsabilidad del giro de los recursos para los presupuestos máximos recae en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), lo que, según la cartera, explica por qué no se han efectuado los pagos ordenados por la Corte Constitucional.
Mientras la Corte Constitucional estudia la solicitud de nulidad, expertos del sector han señalado que el Auto 007 de 2025 representó un hito al evidenciar el “incumplimiento general” en la suficiencia de la UPC. Sin embargo, el Ministerio de Salud insiste en que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que la decisión del tribunal debe ser revisada para evitar lo que considera una extralimitación de funciones y una afectación al principio de legalidad.