Gremios advierten graves riesgos en proyecto de jurisdicción agraria | El Nuevo Siglo
JORGE BEDOYA, presidente de la SAC y Roberto Bruce, director Jurídico de Fedegan hicieron fuertes reparos a la ley de jurisdicción agraria. /Fotos @PrimeraSenado
Jueves, 3 de Octubre de 2024
Redacción Política

UNA AUDIENCIA pública que busca establecer la ley de jurisdicción agraria en Colombia, se realizó en día de ayer en el Congreso de la República, al respecto la Comisión Primera de la célula congresional liderada por el senador Ariel Ávila señala que se buscan actualmente métodos para agilizar el trámite de esta iniciativa en el Senado.

Sobre el particular, el congresista dijo que “este espacio busca escuchar las observaciones de la ciudadanía sobre esta iniciativa y sobre el contenido, ajustes y sugerencias que existan sobre la ley, así como se da participación a la academia, al Gobierno y a los grupos sociales. Esperamos que después del 20 de octubre estemos discutiendo esta ley de jurisdicción agraria aquí para primer debate en comisión, en todo caso no se descarta un mensaje de urgencia para el Gobierno nacional”.

De igual manera, Ávila añadió que “el mensaje de urgencia es porque muchos de los congresistas que apoyamos este proyecto, tenemos la idea de que se le dé trámite este año a la jurisdicción completa que es una ley ordinaria; ya se aprobó una reforma constitucional, ya se aprobó una estatutaria, entonces yo no vería por qué no aprobarla. Sin embargo, los tiempos jurídicos no nos darían ni los normativos, sino se aprueba este año porque ya el próximo año ya todo el mundo está en campaña”.

Posteriormente, el senador de la Alianza Verde advirtió que “la Jurisdicción Agraria está en su camino final y la ley ordinaria le va a dar reglamentación a esta ley. Se ha generado un debate, estamos hablando de varios artículos que han generado un debate importante, pero creemos que llegaremos a conciliar todo el articulado y pues va a ser una realidad para el país en el marco del proceso de paz. Entonces no veo mayor dificultad, hay un debate, eso es cierto, pero vamos a conciliar los artículos que más debate generan sobre esta ley”.

Sector agrícola inconforme

La Sociedad de Agricultores de Colombia a través de su director Jorge Bedoya, mostró su preocupación por algunos artículos y explicó que “con esta ley de jurisdicción agraria pretenden cambiar las funciones de los jueces de la república para la gran mayoría de procesos agrarios. Es preciso que el Congreso nos explique para qué crean una justicia agraria sí le están quitando las facultades a los jueces en procesos como la extinción de dominio, y otros más donde ahora quién va a decidir de fondo es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eso vulnera las garantías judiciales en los procesos agrarios que debe adelantar la ANT, pero que deben decidir los jueces de la república”.

Igualmente, el funcionario agregó que “la SAC nunca se ha referido a la expropiación express, lo que hemos hablado es de la fase judicial para los procesos agrarios que vienen desde el decreto ley 902 de 2017 y que el Gobierno nacional busca eliminar para la gran mayoría de procesos agrarios en este proyecto de ley, contradicción jurídica, contradicción política y flaco favor se le hace a la jurisdicción agraria y la seguridad jurídica al eliminar las garantías judiciales que deben tener los procesos agrarios. Nos preocupa que el proyecto avance como está porque no va a dar seguridad jurídica a la ruralidad y por eso ojalá que el Gobierno nacional al hablar de acuerdos nacionales se logren consensos en temas que no son menores”.

A su turno, Roberto Bruce, director Jurídico de Fedegan afirmó que “han surgido una serie de preocupaciones que las hemos compartido con otras agremiaciones del sector agropecuario, el tema de competencias para el juez agrario. El acuerdo de paz cuando determinó la creación de una nueva jurisdicción agraria señaló que esta jurisdicción debería ocuparse estrictamente de la propiedad, la tenencia y la posesión de la tierra. Lo que el proyecto propone es una jurisdicción con unas competencias demasiado ampliadas porque se refiere a actividades conexas con el sector agropecuario, forestales, pesqueras y conexas de transformación y enajenación de productos agrarios. Eso no corresponde al espíritu del acuerdo de paz en cuanto a su implementación, y esta ley no debe absorber al resto de las jurisdicciones que tiene competencias a nivel nacional”.