EN COLOMBIA existe desde 1941 la atención nutricional en entornos escolares como una figura que garantiza la alimentación de niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, bajo el nombre Programa de Alimentación Escolar, esta política continúa siendo implementada en las instituciones educativas del país.
No obstante, pese a la importancia del mismo y lo que representa para la infancia y adolescencia nacional, este Programa ha estado bajo la lupa de diversas instituciones de control por problemas en su implementación, asociados incluso con falencias de salubridad y demás aspectos negativos.
De hecho, recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la cofinanciación del servicio de alimentación escolar de la vigencia 2024, y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) acerca de la operación de este servicio en la actual vigencia.
La Procuraduría pidió informar el estado actual de los saldos pendientes de los recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de $1.977.657.739.000, asignados para la cofinanciación del PAE durante la vigencia 2024; los cuales debieron girarse a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación para el cumplimiento de sus obligaciones en la prestación del servicio de alimentación escolar.
Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO habló con analistas de la Universidad de los Andes, Universidad Central y Politécnico Grancolombiano sobre la influencia de los retrasos en el giro de recursos por parte del Gobierno nacional en la efectividad del PAE y qué impacto tienen estas demoras en la permanencia escolar y el bienestar de los estudiantes más vulnerables.
Camilo González, Ph.D. en Ciencias Sociales y Políticas, y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que los procesos de contratación con cada entidad territorial son largos y si no se hace rápido y no se dan los recursos, lo que se va a afectar es la posibilidad de que el programa opere de manera continua.
“Cada retraso es incluso más problemático, eso evidentemente puede tener un impacto en la permanencia escolar porque al final muchos padres de familia ven esto como una opción de alimentación para sus hijos. Tiene un impacto en la calidad del aprendizaje y en el rezago escolar, realmente es muy complejo. En efecto afecta sobre todo a los estudiantes más vulnerables, con condiciones menos favorables e incluso con más riesgo alimentario en sus propias casas”, advirtió.
A su turno, Alejandra Aldana, profesora de la Escuela de Estudios Transversales de la Universidad Central, concordó en que los retrasos en el giro de recursos por parte del Gobierno afectan a la permanencia escolar y claramente al bienestar de los estudiantes.
“Muchas veces los padres de familia se confían de que en el colegio van a recibir alimentación, entonces al retrasarse esos recursos, los niños no reciben su alimentación en casa por la situación de pobreza en la que viven y tampoco en la institución educativa”, indicó.
Por su parte, Mónica Mantilla, docente de Educación e Innovación del Politécnico Grancolombiano, sostuvo que este programa, que es bandera del Ministerio de Educación Nacional (MEN), busca proveer una alimentación adecuada a los estudiantes de las instituciones educativas, teniendo presente que lograr una alimentación adecuada ayuda a que los estudiantes tengan mejores capacidades para aprender y a que se desarrollen socialmente.
“Así que interrumpir o retrasar los pagos incide directamente en lograr que esa alimentación se haga de manera oportuna y con todas las garantías que necesitan los estudiantes más desfavorecidos. Muchos niños en Colombia solo reciben en el día la alimentación en sus escuelas y colegios”, alertó.
Factores estructurales
Los docentes coincidieron en que las principales barreras para garantizar la correcta ejecución y sostenibilidad del PAE en las Entidades Territoriales Certificadas son inicialmente que no siempre las entidades territoriales, departamentos y municipios tienen los recursos para contratarlo y muchas veces terminan usando dinero de regalías que no debería ser para eso.
Esto implica, según explicaron, que a pesar de que hay un rubro para este fin, parece que no alcanza. Indicaron además que el déficit fiscal que tiene el gobierno de Colombia actualmente, las ineficiencias administrativas, la burocracia y la falta de coordinación que existe entre las diferentes entidades territoriales y el Gobierno; generan una afectación importante en la implementación del PAE.
Finalmente, resaltaron el inicio tardío del programa debido a retrasos en contrataciones y falta de planeación, así como la suspensión del programa por la no transferencia de recursos que garanticen su aplicación.