La Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial para verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en Magdalena, entre 2013 y 2019.
Se priorizó el caso investigativo denominado “Robo de Magdalena”, que permitió obtener abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera “caprichosa”, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457 mil millones de pesos.
Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos.
Los hechos según la Fiscalía
Frente a los hallazgos, la Fiscalía solicitará ante la Judicatura audiencias de imputación. Una de las diligencias será contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych; dos más contra la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga; y tres en contra del exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por los siguientes hechos:
El 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro (Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.
Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que significaron más recursos para el constructor.
Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada “Vía de la Prosperidad” pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34 % de lo planeado.
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Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.
Rosa María Cotes, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016-2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Las acusaciones a Caicedo
Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos.
Los casos son: posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos.
La Fiscalía imputará a Caicedo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
De igual manera, se encontró que en abril de 2015 fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos.
En este caso Caicedo será imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.
Finalmente, sobre Caicedo fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos. Además, después de siete años, el escenario no ha sido entregado.