EN EL ÚLTIMO tramo de los alcaldes, concejales y diputados, quienes finalizan su periodo el próximo 31 de diciembre, se ha incrementado la presión en su contra por los actores armados. El Defensor del Pueblo dijo que un alcalde en Norte de Santander tuvo que renunciar y salir del país; en tanto que según Fenacon también hay constreñimiento contra cabildantes. La proximidad de las elecciones agudizará este problema.
El alcalde del municipio de la Playa de Belén en Norte de Santander, Ider Álvarez García, renunció al cargo por amenazas de los grupos armados que operan en ese territorio.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “es lamentable que ante las reiteradas amenazas por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona, el alcalde haya renunciado a su cargo y salido del país”.
Por lo que el Alto Comisionado, hizo un llamado a las “autoridades sobre la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.
Camargo manifestó que, además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en Caquetá.
Los concejales
El director Ejecutivo de Fenacon (Federación Nacional de Concejos), Édgar Alberto Polo Devia, dijo a EL NUEVO SIGLO que: "Sí hay municipios, más que todo hacia los lados de Urabá antioqueño, otros en el Catatumbo, donde nos han informado que sí existe alguna presión de grupos armados ilegales”.
Agregó el directivo que “esperemos que los procesos electorales avancen de una manera calmada, y que de todos modos se tomen las medidas necesarias para poder garantizar, no solamente el proceso electoral, pues las inscripciones y las mismas votaciones, sino también la realización del proselitismo a que cada candidato tiene derecho".
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Del mismo modo, Polo puntualizó que hay dos situaciones por las que se producirían las amenazas a los concejales en estos momentos. "Uno, definitivamente es el orden público; otro tema político, se han identificado las dos causas. En temas políticos, llámese los grupos contrarios y similares; y lo de orden público sí es porque hay algunos grupos al margen de la ley que no quieren que ‘X’ o ‘Y’ partido político tenga candidato”.
Además, aclaró que no hay situaciones de concejos que no estén sesionando en sus municipios y tengan que hacerlo en la correspondiente capital de departamento por amenazas a sus integrantes.
"En esta ocasión, no está sucediendo esto, no tenemos ningún tipo de reporte sobre el tema. Con la Unidad Nacional de Protección se está coordinando cualquier tipo de situaciones de amenaza, riesgo, que se llegue a presentar sobre algún candidato específico. En la actualidad, no tenemos ese tipo de problemas de que se estén desplazando a otros municipios para ejercer su labor", dijo el Director Ejecutivo de Fenacon.
Los diputados
De las amenazas provenientes de grupos armados ilegales que operan en los territorios no han escapado los diputados. Este Diario intentó comunicarse, sin éxito, con la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol).
Sobre el particular se han registrado varios casos, como en el departamento del Huila, en donde hace algunas semanas el Partido Conservador denunció la aparición de un panfleto con amenazas contra los diputados Carlos Ramiro Chavarro y Omar Alexis Díaz, supuestamente por parte de las disidencias de las Farc.
“Con sus intervenciones en plaza pública y medios de comunicación contra nuestra organización afectan irresponsablemente el desarrollo de la paz total que hemos conseguido con nuestra lucha revolucionaria”, señala el panfleto amenazante.
El Partido Conservador rechazó estos hechos. “Condenamos las amenazas de muerte contra los diputados Carlos Ramiro Chavarro y Omar Alexis Díaz por parte de las disidencias de las Farc con las que buscan impedir su trabajo político en el Huila. Pedimos a las autoridades esclarecer los hechos y brindar garantías de seguridad”, señaló la colectividad.