La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario general de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Edwin Alberto Ávila Ramos, por su presunta participación en el trámite preparatorio a la celebración de un contrato, en el que desatendió su deber de realizar los estudios previos requeridos para implementar un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Oiba, Santander, y en su lugar suscribir un documento para aunar esfuerzos que retrasó el desarrollo del proyecto más de cinco años.
La entidad resaltó que Ávila Ramos pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, por posiblemente pasar por alto requerimientos de infraestructura para el suministro de los servicios públicos domiciliarios, la correspondiente licencia de construcción, vías de acceso para el predio en el que se realizaría y determinar el nivel de amenaza o riesgo por inestabilidad del terreno.
El Ministerio Público señaló que el exsecretario habría firmado un documento en el que la Corporación y el municipio de Oiba plasmaron la necesidad de disponer del sistema, pero que la deficiencia de los estudios previos no permitió la planeación correcta, ni la ejecución esperada, situación que perjudicó a la comunidad.
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El ente de control también profirió cargos contra el subdirector de planeación y ordenamiento ambiental de la entidad municipal, Luis Francisco Olivares Patiño (2012-2016), por presunta desatención de sus deberes, y calificó provisionalmente la aparente conducta de los servidores como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Es de mencionar que en el año 2030, la CAS será líder en la administración de los recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y articulada a la Política Nacional Ambiental.