EL 15 de febrero iniciará el juicio disciplinario contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, que ordenó la semana pasada la Procuraduría General de la Nación, por las presuntas irregularidades presentadas durante el proceso de licitación de pasaportes, mismo que se llevará a cabo en la sede de esa entidad.
“El Ministerio Público ratificó que ese día el canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”, indicó el órgano de control.
La Procuraduría señaló que “la consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la procuradora General de la Nación, trámite esté totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento”.
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La medida
El anuncio de suspensión provisional y juicio político al canciller fue anunciado la semana pasada por la Procuraduría, que argumentó dos faltas disciplinarias gravísimas para iniciar la medida.
“La primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal… En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, detalló el órgano de control.
El argumento de la Sala Disciplinaria para tomar la decisión es “evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.
Leyva respondió a la medida días después de ser anunciada agradeciendo el apoyo del presidente Gustavo Petro.
“Gracias al presidente Gustavo Petro por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva. En ellas estaré a su lado”, escribió en su cuenta X.
Pese a la suspensión, el canciller firmó un documento oficial del Congreso, que consta de 12 páginas, emitido por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 30 de enero. Este escrito responde a un cuestionario de 16 preguntas presentado por el representante Vladimir Olaya, indagando sobre la actuación del canciller en el proceso licitatorio y la destitución de Martha Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Después, firmó 12 decretos importantes relacionados a nuevos nombramientos ministeriales, al igual que designaciones en misiones especiales internacionales, lo que desató una ola de cuestionamientos en el país, ya que el alto funcionario sigue despachando desde su oficina, pese a la suspensión.
La respuesta
La controversia por la continuidad de Leyva en el ejercicio de sus funciones ameritó una contundente respuesta del Ministerio Público, al considerar que dichas acciones representan un desacato por parte del canciller y el presidente Gustavo Petro, que atenta contra la integridad del Estado de Derecho, la Constitución y la ley.
“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, expresó, indicó el vicecontralor general, Silvano Gómez Strauch.
Además, destacó que “si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución”.