LA POLÍTICA de paz del gobierno Petro vive en el ojo del huracán permanente y la semana que termina no fue la excepción. El hecho más grave, sin duda alguna, fue el escándalo alrededor de la liberación y recaptura de Luis Alfonso López, alias ‘Gatico’, quien está condenado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Es hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, quien purga 37 años de cárcel por distintos delitos, incluyendo vínculos con el paramilitarismo.

Esta semana se vino a saber que mediante una resolución del 22 de diciembre el Gobierno lo designó “facilitador de paz” por un lapso de dos meses, razón por la cual el juez de ejecución de penas que lleva su caso ordenó el 2 de febrero pasado su libertad, pese a que venía cumpliendo prisión domiciliaria desde hace dos años.

La noticia sorprendió, no solo por el alto perfil delincuencial de Luis Alfonso López sino porque el propio fiscal general, Francisco Barbosa, ya le había advertido al Gobierno desde hace semanas que “no existe marco jurídico ni constitucional ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”.

En segundo lugar, no se entiende qué rol podía desempeñar el ‘gatico’ para que fuera autorizado por el Gobierno a contribuir “en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.

¿Con qué grupos armados? ¿Cuál es la labor de “facilitador” que se le encomendó si estaba en prisión domiciliaria? ¿Por qué el juez que recibió la resolución lo dejó en libertad pero el Ejecutivo dice que nunca la solicitó? ¿Por qué el juez dice que advirtió a la Casa de Nariño al respecto de la libertad de López pero no recibió respuesta? ¿Por qué no se le informó a la Fiscalía ni a la Procuraduría que habían advertido de la inexistencia del marco jurídico para esta clase de beneficios a presos condenados por delitos graves? ¿Cuántos reclusos más de alta peligrosidad han recibido esta clase de designaciones por parte del Ejecutivo sin que el país o los entes acusador y disciplinario hayan sido notificados? ¿Por qué se procedió a retirarle la calidad de facilitador de paz al condenado y a urgir su captura? ¿Por qué el Inpec no tenía ni idea de dónde estaba el condenado? ¿Cuál es la base legal del juez para ordenar la recaptura de López, que se hizo efectiva el viernes a mediodía? ¿Qué pasará ahora con la investigación de la Procuraduría al juez?... Esas y muchas otras preguntas quedaron sobre la mesa sin respuesta clara.

Lo único evidente es que las designaciones de “voceros”, “gestores” o “facilitadores” de paz que hace el Gobierno quedaron otra vez en medio de la controversia, como ocurrió con varios casos de los integrantes de la llamada ‘primera línea’ o de las reincidencias de las Farc.

Frente a esta situación, la advertencia del fiscal Barbosa sobre el caso de López fue de por sí muy diciente: “la Paz Total no puede ser una paz simulada y tramposa”.

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El otro flanco

La controversia fue mayor porque se dio, precisamente, en la misma semana en que la Casa de Nariño dijo que ya tiene listo el proyecto de sometimiento a la justicia colectivo de integrantes de grupos delincuenciales multicrimen a los que no se les reconoce estatus político, como lo son el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ y las reincidencias de las Farc, facciones con las cuales el Gobierno tiene firmados sendos decretados sobre cese el fuego.

Como se sabe, el último día de enero Petro y Barbosa se reunieron para tratar de zanjar las diferencias en torno a los beneficios penales y penitenciarios a otorgar a los jefes y militantes de estos grupos. Esto después de que el ente acusador dejara en claro que no iba a levantar las órdenes de captura con fines de extradición contra los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’. ¿La razón? No hay marco jurídico para ello, recalcó el ente acusador; el Gobierno le dio en parte la razón y por eso anunció la presentación del proyecto de reforma.

Pero antes de que se conozca esta iniciativa de reforma al régimen de sometimiento a la justicia, ya esta semana se dio un primer campanazo de los entes de control en torno a los beneficios para criminales procesados o condenados por delitos graves.

La polémica surgió alrededor del proyecto sobre humanización carcelaria y de reforma al Código Penal y el Penitenciario que presentó la semana pasada el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Como se sabe, esa iniciativa busca despenalizar algunas conductas y promover un esquema de resocialización de reclusos, incluso bajo la óptica de la justicia restaurativa y con la posibilidad de proceder a otorgar excarcelaciones a condenados que presenten buena conducta y estén dispuestos a reparar a sus víctimas y la sociedad.

Al analizar los alcances de esa iniciativa, luego de una reunión el viernes con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el fiscal general advirtió que a través de ese proyecto se corría el riesgo de permitir que delincuentes condenados por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios penitenciarios como la casa por cárcel.

De acuerdo con el titular del ente acusador “es absolutamente repugnante que a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquila viendo un Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a este país?”.

El fiscal dijo que incluso si se aprobara esta norma, a la que alcanzó a señalar como un posible “mico”, la Corte Constitucional la declararía inexequible. Es más, se mostró expectante por cuál alto funcionario iba a defender esa propuesta en el Congreso. Ratificó, además, que hay unos límites institucionales y que no se imaginaba al Parlamento votando un artículo de esas características.

La Procuraduría también terció en el asunto. Al participar en una audiencia pública sobre el proyecto de humanización carcelaria, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, entregó un decálogo en el que sugirió al Gobierno incluir temas cruciales en la iniciativa.

En esas diez recomendaciones hay dos que apuntan al corazón del proyecto y de la política de “paz total”. De un lado, el procurador delegado urgió “tener en cuenta la tensión que existe entre los compromisos adquiridos internacionalmente por el Estado colombiano en la lucha contra la corrupción, crímenes internacionales y en especial protección a los niños, niñas y el otorgamiento de subrogados penales a personas condenadas por estos delitos”.

Más grave aún es que Sarmiento consideró “que la concesión de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos como crímenes de lesa humanidad y de guerra podría reñir con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional”.

Igualmente, la Procuraduría dijo que no compartía “la posición del Gobierno en cuanto a la prohibición de imputaciones por concierto para delinquir y terrorismo cuando los hechos se presentan en el marco de manifestaciones. La manifestación o protesta social no es delito, pero la limitación constituye una clara e injustificada injerencia en la labor del ente acusador y de los jueces, limitando el juicio razonable a la hora de realizar la subsunción de las conductas en tipos penales”.

Hasta el Eln

Pero no fueron solo los entes de control los que advirtieron sobre la peligrosidad de los beneficios a condenados por delitos graves. Ante las denuncias en torno a que se estaría utilizando el nombre del hermano del presidente Petro para vender ‘cupos’ en la “paz total” a extraditables, hasta la guerrilla del Eln, que tiene una mesa de negociación política con el gobierno Petro, alertó sobre la gravedad de ese asunto.

“…Este hecho deja elementos para interrogar, uno de ellos son las similitudes entre la Paz Total y el Pacto de Ralito, a través del cual el Gobierno de Uribe (2002-2010), intentó darle estatus político a los narcoparamilitares, en donde también se colaron grandes capos del narcotráfico, entonces”, advirtió esa guerrilla.

Como se ve, este flanco clave de la política de “paz total” sigue bajo el ojo del huracán, en la misma semana en que se generaron otras polémicas, como las del protocolo de cese el fuego entre Gobierno y disidencias de las Farc o las alertas de gobernadores sobre el pico delincuencial en sus regiones por los vacíos de la estrategia gubernamental con las bandas, el Eln y los grupos residuales de Farc.