Corrupción es el mayor flagelo en el país, dijo presidente de red de la sociedad civil
Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Carece de apoyo institucional efectivo la labor de las veedurías ciudadanas, al punto que no reciben impulso por parte del Gobierno y los órganos de control, a pesar de que cuentan con las herramientas para hacerlo, para realizar su aporte a la lucha contra la corrupción, indicó Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
El NUEVO SIGLO: ¿Hay normatividad para favorecer la labor de las veedurías ciudadanas?
PABLO BUSTOS SÁNCHEZ: Existe una ley que nosotros mismos fuimos los creadores, que es la Ley 850 de 2003, que reconoce el mecanismo de las veedurías, y existe una serie de normas que habilitan espacios para el ejercicio de las veedurías. Creamos inclusive una comisión de apoyo a las veedurías ciudadanas, pero en la práctica eso no ha funcionado, las veedurías están huérfanas de apoyo estatal, apoyo institucional, y los veedores estamos divorciados de las garantías inclusive constitucionales mínimas que deberían ser brindadas a cualquier ciudadano, y cuanto más a quienes estamos organizados para contener el flagelo más grave que tiene el país, que es la corrupción.
ENS: ¿Se requiere una ley más para fortalecer esta labor o bastaría con un decreto presidencial?
PBS: Creo que el Gobierno tiene las herramientas constitucionales y legales para impulsar las veedurías ciudadanas pero también los órganos de control tienen la responsabilidad de hacerlo. Entonces el asunto es que ha faltado voluntad política tanto de los órganos de control como del aparato judicial mismo, como del Estado colombiano, para impulsar y promover un ejercicio más serio, más generalizado y más consistente en materia de veedurías ciudadanas.
ENS: ¿Qué opinión tiene sobre el cambio que se dio en la Presidencia de la República a la oficina anticorrupción, ahora denominada Alta Consejería para la Transparencia?
PBS: Creo que la figura ha tenido una serie de variaciones que hacen que la lucha contra la corrupción todavía esté en pañales e inclusive la ciudadanía señale cómo ese tema fundamentalmente tiene dificultades superiores. Es decir, el Gobierno solo en una estrategia aislada no es capaz de la lucha contra la corrupción, como no lo sería ningún órgano aislado, y menos aún si no se convoca de una manera adecuada y permanente, y si no se respalda y se hace el trabajo de la mano de la ciudadanía y de la participación ciudadana.
En eso hay un gran reto, un gran desafío, todavía sin cumplir, sin materializar en términos de los alcances que debería tener la lucha contra la corrupción en ese sentido.
ENS: Hay en el Consejo de Estado una cascada de demandas de nulidad electoral de integrantes del nuevo Congreso, ¿tendrá que ver en su mayoría con rencillas políticas?
PBS: Lo que pienso es que en materia electoral el país tiene una normatividad que es muy confusa y origina una gran inseguridad jurídica a nivel jurisprudencial. Por otro lado, hay una incertidumbre que ha generado inseguridad jurídica en los altos tribunales en la medida que cambian sus conceptos y criterios. Y por otro lado, sin duda, pues esto ayuda a que haya más incertidumbre frente a las elecciones, sobre todo cuando cada vez es más notorio los intereses que en ella se juegan y cómo se realizan ciertas trapisondas para darle la vuelta a la ley y darle un viso de legalidad a ciertas aspiraciones, razón por la cual de alguna manera los procesos mismos de selección y elección constituyen una invitación para el debate jurídico a través de las acciones de nulidad.
Elección de Contralor
Bustos dijo frente a la elección de Contralor que se apresta a hacer el Congreso, “es uno de los temas que dejan unos sinsabores grandes. Uno ve particularmente en el tema puntual, por ejemplo, el caso del doctor Maya, quien cuya gestión como procurador realmente fue pobre, y aun así la sola aspiración constituye un premio inmerecido en la medida en que ni siquiera puede continuar con el proceso de elección. Lo que queremos señalar con esto es que creemos que de ser elegido podría causar una nulidad su elección y además unas causales, inclusive, eventuales de pérdida de investidura de parlamentarios que votaron por alguien a sabiendas de que no puede completar el mandato porque estaría inhabilitado por términos de la edad en dos años.