La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República rebelaron a través del Informe sobre la Ley de Víctimas, un retaso en la implementación de la ruta de atención y los planes de reparación colectiva. A pesar de que hay 9.737.008 víctimas registradas, los recursos para su asistencia y reparación son insuficientes, especialmente en áreas críticas como vivienda, salud y educación
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 en 2011, solo el 14% de las víctimas han sido indemnizadas, lo que resalta la necesidad de $303,9 billones para cumplir con las medidas de atención entre 2024 y 2031.
El informe también resalta un aumento en los eventos de confinamiento, especialmente en departamentos como Chocó y Nariño, donde las comunidades enfrentan control territorial y extorsión. Se identifican como prioritarios los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, que requieren atención urgente debido a la persistencia del conflicto armado. La Comisión subraya la importancia de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) priorice estos territorios para garantizar la entrega oportuna de asistencia humanitaria.
En cuanto a la vivienda, más del 77% de las víctimas enfrentan déficit habitacional, y la participación de estas en subsidios ha disminuido drásticamente. Entre 2012 y 2024, se han entregado solo el 12% de los subsidios urbanos asignados. Además, el informe alerta sobre las falencias en la restitución de tierras, con demoras significativas en los trámites y un incumplimiento de las sentencias.
La situación de las víctimas en el exterior también es preocupante, con un subregistro que dificulta su reconocimiento y atención. Se están realizando esfuerzos para facilitar su declaración bajo la Ley 2343 de 2023.
El reporte concluye que la pobreza extrema aumenta entre las víctimas, con un 51,6% sin ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos. A pesar de que el 50,6% de los hogares víctimas accedieron a programas de generación de ingresos, solo el 25,1% ha superado su vulnerabilidad socioeconómica. Además, se identifican barreras significativas en la protección de mujeres y personas LGBTIQ+, lo que resalta la necesidad de aplicar un enfoque de género en las políticas de atención y reparación.