En el marco del Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la Procuraduría General de la Nación expuso los cinco retos esenciales para los próximos 10 años en el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y las principales acciones que adelantará la entidad por la garantía de sus derechos.

Inicialmente, la procuradora Margarita Cabello manifestó que “alcanzar una reparación integral para las víctimas del conflicto armado es una labor ardua y permanente que conlleva grandes desafíos, que no son imposibles de cumplir”.

En el primer reto, la funcionaria indicó que se debe optimizar la articulación interinstitucional, “de manera que se consolide un sistema público que logre atender a las víctimas en el país”, complementó.

En segundo lugar, Cabello aseguró que se deben diseñar estrategias de financiación, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la ley, por lo que mencionó que para su debida implementación “es necesaria una inversión cercana a $328,3 billones adicionales, de acuerdo con un informe presentado por la Contraloría General de la República”.

En cuanto al tercer planeamiento es la coordinación y la realización de estrategias “que garanticen el desarrollo social de las comunidades y que contrarresten el recrudecimiento del conflicto en algunas zonas específicas del territorio nacional.

Como cuarto eje fundamental, la jefa del Ministerio Público hizo especial énfasis en cumplir el enfoque transformador de la Ley 1448 de 2011, “para facilitar los procedimientos y acceder a las medidas de indemnización”.

En el quinto y último reto, la procuradora insistió en la búsqueda de soluciones reparativas, transformadoras y con enfoque de género, “con el objeto de cerrar las brechas que hacen más vulnerables a algunos ciudadanos”.

Además, Cabello reiteró que los más de nueve millones de víctimas en Colombia “demandan que todas las instituciones del Estado, sin excepción, continuemos trabajando articuladamente en pro del restablecimiento de sus derechos”, y agregó que “las más de cinco décadas del conflicto dejaron heridas muy difíciles de sanar. Las marcas de la violencia están muy presentes en nuestra historia, por eso la reparación integral de las víctimas debe ser el norte que permita consolidar la paz”.

En este sentido, la jefa del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para que cumplan oportunamente con sus obligaciones y fortalezcan las acciones encaminadas a dar soluciones rápidas, a través de las cuales se logre el restablecimiento de las víctimas, permitiéndoles reconstruir su proyecto de vida. “Desde el Ministerio Público, desde la Procuraduría General de la Nación hemos construido y seguiremos construyendo para que se logren esos objetivos”, concluyó.

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Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, señaló que el principal reto de su entidad es mantener la línea de destinación presupuestal y eficiencia en el gasto con el fin de llegar a más víctimas y repararlas en forma más acelerada.

Además, indicó que “es fundamental fortalecer la oferta institucional de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) pues esta es una de las principales necesidades de cara a la salida de la política pública de víctimas, la superación de la vulnerabilidad y el goce efectivo de los derechos de las víctimas”. Vale señalar que la Ley de Víctimas estará vigente hasta junio de 2031.

Violencia en Colombia

De otro lado, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) alertó que más de 274 mil personas fueron afectadas por la violencia en Colombia durante los dos primeros meses de este año.

"El aumento de la violencia ha destruido la promesa de paz para muchos colombianos. El Gobierno y los grupos armados deben sentarse y acordar el final de esta pesadilla", aseveró Francesco Volpi, director de la ONG en el país.

Asimismo, señaló que cerca de 8 millones de personas han necesitado ayuda humanitaria a lo largo de este año, más de 4 millones desde el pasado 2017, cuando había pasado un año desde la firma de los acuerdos de paz.

Adicionalmente, Volpi lamentó que miles de colombianos se enfrentan a un peligroso aumento de la violencia, los desplazamientos y la crisis humanitaria, y agregó que “son muchas las mujeres y niños que se han visto obligadas a desplazarse debido a la inseguridad, especialmente en áreas rurales donde hay poca presencia estatal”.