Tratar de influir en los grandes tomadores de decisiones ha sido un oficio inherente a las organizaciones sociales. Se ha visto a lo largo de la historia. Se hace para no perjudicar condiciones económicas o sociales de colectivos determinados. También para optimizar las consecuencias de las grandes decisiones, para beneficiar aún más a las personas. Y se realiza a través de grupos que presionan a políticos mediante campañas públicas para que actúen en un sentido u otro (Weiser, 2021). Esto es el lobby. Desde luego, como cualquier herramienta, se puede usar para beneficiar o dañar. Los perjuicios son normalmente asociados a sobornos, tráfico de influencias, cohecho, etc., y suelen conformar el imaginario del lobby en el mundo dañando su reputación.

Es entendible pensar que se quieran promover iniciativas que busquen atajar este fenómeno. Desde la promulgación de la Constitución de 1991 se han hecho poco menos de veinte intentos legislativos para regular, infructuosamente, la actividad. Al mismo tiempo hay un desconocimiento generalizado de la misma, de sus motivos y alcances. Sin embargo, es milenaria, juega un papel en la democracia y no desaparecerá. A continuación, se revisará el concepto y sus alcances.

Polémica y reputación

La actividad ha tenido controversia. Hace unos cinco años, en el marco de un debate parlamentario sobre medidas para el control del tabaco, un presunto cabildero estaba en la plenaria realizando su labor. Pero de forma Ilegal. Esto sucedió posterior a la suscripción de Colombia del convenio de la OMS para el control del tabaco que impide cualquier acto que lleve a la promoción del producto, aun indirectamente (1).

En el lobby, un cabildero actúa para salvaguardar los intereses de sus clientes.  Expondrá sus argumentos ante el funcionario o político mostrando el perjuicio o el beneficio acaecido en caso de modificarse una norma o una política.  El ideal es lograr beneficiar el mayor número de personas posible, aunque el objetivo primario es lograr el beneficio del contratante. Esto último es lo que ha hecho creer que solo las grandes industrias se benefician de la actividad en detrimento de la mayoría.

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¿Por qué hacer lobby?

El anterior caso ha sucedido en ocasiones, pero no muestra realmente el panorama completo: muchas valerosas gestiones quedan en el anonimato y no consiguen contrarrestar esa percepción de mala fama obtenida. El lobby es una actividad que consiste en informar adecuadamente a los actores que estén relacionados con la construcción de leyes (o políticas públicas) con el fin de mejorar las mismas (Zetter, 2008). Esto se debe a que los políticos no tienen necesariamente la experticia necesaria sobre los temas que deben tratar. Por lo tanto, es necesario proveerles los insumos necesarios para maximizar las posibilidades de que estos acierten en sus decisiones. De esta manera se reivindica la labor del cabildero al considerarlo como un consejero. 

Ejemplos de cabildeo efectivo se encuentran en la recientemente promulgada ley en Colombia sobre el fomento de entornos alimentarios saludables (2) y también en la ley de feminicidio de 2015. Tras una juiciosa labor por grupos de ciudadanos que influyeron sobre los congresistas, con las informaciones y argumentación oportuna, fue posible llevar por buen curso estos proyectos legislativos hasta su eventual aprobación.

Los cabildantes abogan por los intereses de sus defendidos y esto no es de suyo reprochable- Implica también mantener un riguroso código de conducta, de ética, que se ciñe a la ley y a un actuar transparente y honesto. Según el Woodstock Theological Center la credibilidad para una firma de lobbying es fundamental y sin esta fracasa. La actividad se basa en relaciones interpersonales, la mala imagen condena y por tanto la honestidad es imprescindible Lo anterior es precisamente lo que muestra el lobby en la mayoría de los casos; los intereses promovidos no se han ocultado de cara a los tomadores de decisiones en Colombia, pero eso no ha sido realmente percibido por la ciudadanía. Una ley que ordene registrar y exponer los intereses de los interesados ante los ciudadanos es un buen paso hacia una mayor percepción de transparencia. No es acertado hacer creer que el cabildeo se realiza en la oscuridad.

Pero hay desafíos a la hora de delimitar la actividad. Uno de ellos es la relación entre la financiación de campañas y la cantidad de cabildeo realizado. En Estados Unidos son conocidos los comités de acción política (pac) y su influencia sobre los políticos a quienes cabildean (3). Es legal financiar políticos y contactarlos para cabildeo, pero esto supone una desventaja respecto de los ciudadanos que no cuentan con recursos para financiar campañas, como apuntó Congreso Visible en 2019. ¿Cómo reducir esta brecha?

En primer lugar, hay que educar a la ciudadanía sobre el tema. La ley sin duda puede contribuir en esto. Se podría designar un corto espacio en televisión (4) para ilustrar la actividad y las posibilidades que le ofrece a la ciudadanía. También designar una partida del erario para que colectivos de la sociedad civil puedan acceder a estos fondos y así interceder más fácilmente ante decisores mediante el cabildeo.

Porque de esto también se trata la democracia, de saber que podemos hacer parte del proceso político constitutivo e incidir efectivamente en él. Ilustrar mejor a los ciudadanos sobre el cabildeo puede fortalecer su noción sobre los derechos que les corresponden.

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(1) Señalamiento de Cuestión Pública realizada en 2019.

(2) Conocida como la ‘ley de comida chatarra’, ya aprobada y sancionada por el congreso y el presidente de la República respectivamente.

(3) Un estudio del año 2002 muestra la correlación existente entre la cantidad de cabildeo realizada frente a decisores respecto de las cantidades usadas para financiarlos: ¿Are PAC Contributions and Lobbying Linked? New Evidence from the 1995 Lobby Disclosure Act

(4) Basado en el Boletín del Consumidor emitido en los canales de televisión de Colombia.