La reforma política que presentó esta semana el Gobierno nacional contempla la financiación total de campañas por parte del Estado, es decir, se eliminarían los aportes privados que hoy se permiten. Aunque es una iniciativa que es vista con buenos ojos por muchos para evitar el ingreso de dineros de dudosa procedencia, hay quienes encuentran que, en la práctica, podría complicar la actividad de los candidatos por no contar a tiempo con los dineros.

El proyecto de acto legislativo para la reforma política establece que el financiamiento de las campañas electorales de partidos, movimientos y grupos significativos será exclusivamente estatal, bajo el sistema de anticipo del 50%, y el restante 50% se realizará por reposición de votos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) elaboró un estudio acerca de cómo se comportó la financiación de campañas en las pasadas elecciones legislativas. En el caso de Cámara, indicó que según el reporte que hicieron los candidatos en el aplicativo Cuentas Claras, “en su mayoría, lo invertido proviene de recursos propios de los candidatos (44%) y de donaciones de los particulares (37%), en especial de personas naturales. Lo demás habría sido financiado por las organizaciones políticas (14%) y créditos del sector financiero (5%)”.

Añade la MOE que en el caso de las campañas de Senado, la fuente más importante de ingresos fueron los recursos propios de los candidatos (29%); seguida de las donaciones de los particulares (28%), sobre todo personas naturales; los recursos de las organizaciones políticas avalistas (18%) y los créditos de entidades financieras (17%). También se registraron ingresos por concepto de anticipos estatales.

El resto de la financiación estatal será pagada por la vía de la reposición de votos obtenidos, tanto en las legislativas como en las presidenciales de este año.

Opiniones sobre la medida

El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el proyecto de ley está proponiendo una financiación 100% estatal. Nos hemos opuesto a esa opción, en primer lugar porque ya hoy en día la ley dice que la financiación política debe ser preponderantemente pública, lo que no se cumple en la realidad por varias razones, entre otras porque el financiamiento público a través de anticipos es muy demorado, es muy complicado, necesita de una gran cantidad de procedimientos”.

Agregó Hernández que “lo que hemos visto en la práctica es que se demora demasiado en llegar para financiar las campañas a tiempo, y eso entonces hace que se requiera el financiamiento privado”.

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Por ello concluyó que, si no hay alguna manera de resolver que esos mecanismos de financiamiento público sean más ágiles y “al mismo tiempo estamos prohibiendo el financiamiento privado, lo que estaríamos haciendo es más difícil la participación en política, sobre todo de aquellas organizaciones, movimientos, expresiones políticas, que no tienen previamente un recurso, como lo puede hacer un partido político ya organizado. Entonces esto sería un factor adicional de inequidad”. 

Dijo el director ejecutivo de Transparencia por Colombia que “nuestro planteamiento es que debería continuar siendo preponderantemente pública, pero garantizando que esos mecanismos de financiación logren ser más efectivos, con unos procedimientos más expeditos”.

Sobre el tema también se pronunció la MOE  en un documento que entregó para una audiencia pública que se realizó en días pasados en la Comisión Primera del Senado sobre cinco proyectos radicados de reforma política.

Para la MOE, “el modelo de financiación de campañas políticas debe ser exclusivamente público”, aunque para ello hizo varias observaciones, como que “no puede hablarse de la figura de financiación a través de reposición de votos en un modelo de financiación exclusivamente estatal, pues la entrega de los recursos debe darse en el inicio de la campaña y, por ende, se convierte en el único mecanismo de financiación”.

Por ello propone que se deben entregar los recursos destinados a las campañas una vez quede en firme la inscripción de las candidaturas.

Agrega que en la financiación exclusivamente pública de las campañas surgen dudas, por ejemplo, cómo se distribuyen los recursos, si debe ser igualitario o proporcional. Además señaló que se debe prever cómo funciona el modelo de financiación pública cuando se presentan coaliciones.

Por su parte, el senador y presidente del Partido MIRA, Carlos Eduardo Guevara, indicó a este Diario que “presentamos un proyecto como partido minoritario, estamos de acuerdo que la financiación sea pública, pero que la distribución entre los partidos políticos sea de manera igualitaria, porque si no estamos perpetuando el fortalecimiento de los partidos tradicionales”. 

Añadió que “esto tiene que ir acompañado con que el anticipo sea previo al proceso electoral”.

Dijo que los recursos de financiación estatal son demorados en llegar. Por ejemplo, MIRA tiene cuentas en el Consejo Electoral pendientes de que le paguen, correspondientes a la elección de concejos en el 2019.