Ministerio de Igualdad y Equidad: arranque traumático y en cámara lenta | El Nuevo Siglo
EN ENERO del año pasado, el presidente Petro en compañía de la vicepresidenta Márquez sancionó la ley que le dio vida al Ministerio de Igualdad y Equidad. /Foto Presidencia de la República
Martes, 30 de Enero de 2024
Redacción Política

SE CUMPLE este mes el primer año de ser creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, una apuesta del actual Gobierno para avanzar frente a las problemáticas que en este sentido viven poblaciones como la mujer, las minorías étnicas, los adultos mayores y la niñez, entre otros. Las ejecutorias no son muchas, lo que algunos dicen es explicable por su corta existencia, sin embargo, también afirman que en 2024 debe presentar resultados concretos que justifiquen su existencia.

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue una de las promesas de campaña de Gustavo Petro, que logró materializar aprovechando que el año anterior el Gobierno tenía las mayorías en el Senado y la Cámara, contra las voces de la oposición que señalaron que es innecesario porque hay la suficiente institucionalidad para trabajar en estos propósitos. Entonces, señalan, lo que se estaría generando son cargas al erario y abriendo la puerta a la burocracia.

También distintos sectores han manifestado que esta cartera no debería existir porque la igualdad es transversal al Plan Nacional de Desarrollo, y que lo que hace es producir cortocircuitos funcionales con otros ministerios e instituciones.

El mismo jefe de Estado ha dicho sobre esto que “toca impedir que se dupliquen funciones del Ministerio de Igualdad con otros ministerios. Hay que darle capacidad para que sea eficaz, rápido y contundente, para que pueda realizar las tareas que permitan que la mayor parte de la población colombiana deje de estar excluida”.

Igualmente, como lo había anticipado, el presidente designó a la vicepresidenta Francia Márquez como la primera ministra de Igualdad y Equidad.

En su primer año este Ministerio contó con un presupuesto inicial de $ 500.000 millones, lejano de los $ 48 billones que en esa vigencia (2023) le asignaron a Salud y Educación (a cada uno); pero superior a Transporte ($ 421.877 millones), Ciencia, Tecnología e Innovación ($ 399.960 millones), Justicia ($ 191.865 millones) y TIC ($ 115.020 millones).

A finales de junio pasado, el presidente Petro firmó los tres decretos que reglamentan el Ministerio de Igualdad y Equidad: el que integra el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad; el que adopta la estructura de esta cartera; y el que establece la planta de personal del mismo.

¿Qué ha hecho?

El Ministerio avanza en la estructuración de varios programas, de los cuales Jóvenes en Paz es el que más ha avanzado, reglamentado el pasado 18 de octubre por el Decreto 1649.

Este programa para su ejecución en un comienzo priorizó seis municipios: Guachené y Puerto Tejada en Cauca; Buenaventura, Valle; Quibdó en Chocó; Medellín, Antioquia y Bogotá. Se espera que durante el cuatrienio beneficiará a cerca de 100.000 jóvenes en 100 municipios del país.

La vicepresidenta y ministra Márquez dijo que el propósito fundamental del programa “es evitar que, por falta de oportunidades reales de educación de calidad y empleo digno, la juventud caiga en las redes de actores armados ilegales y termine cometiendo o participando en delitos como el homicidio, el secuestro, el tráfico de drogas o armas, o que termine en redes de tráfico de personas”.

Los beneficiarios recibirán del Estado hasta un millón de pesos mensuales por un año, esto condicionado a cumplir con un mínimo de horas de asistencia a cursos de emprendimiento, pedagogía para la paz y educación financiera; y cumplir con un número de horas específicas de trabajo comunitario.

Sin embargo, este programa ha recibido muchas críticas porque beneficia entre otros a jóvenes que están en dinámicas de criminalidad. Entre los reparos que ha recibido es que los recursos se deberían dirigir mejor a personas vulnerables y en extrema pobreza que no tienen oportunidades, pero que no por ello han delinquido.

Lupa del Congreso

La representante Jennifer Pedraza dijo a EL NUEVO SIGLO que “es un año muy limitado porque el presupuesto del 2023 para el Ministerio de Igualdad fue de $ 500.000 millones, lo cual se entiende porque es una etapa de formación y de creación del Ministerio, pero creo que nos equivocaríamos en pedirle resultados muy grandes solamente a un año de su funcionamiento”.

Agregó, “qué cosas fueron interesantes que sacaron adelante el año pasado: la conformación de la estructura del Ministerio, que me parece clave porque hay un reconocimiento, por ejemplo, de la juventud y el viceministerio de las Mujeres. Y el Ministerio dio a conocer un sistema que pretende unificar todas las estructuras, líneas y redes de atención para las violencias contra las mujeres. Eso es clave porque hoy tenemos una dispersión institucional”.

Pedraza enfatizó en que “el año que vamos a poder realmente hacer una evaluación de la voluntad política en la prioridad, a mi parecer va a ser el 2024 porque ya la asignación presupuestal del Ministerio de la Igualdad es de $ 1,3 billones”.

Sobre las dudas al respecto de que algunas de las funciones del Ministerio terminen chocando con las de otras entidades, como Prosperidad Social, la parlamentaria de Centro Esperanza dijo que “la decisión del Gobierno fue que Prosperidad Social se iba a mantener aparte del Ministerio de la Igualdad. Creo que es equivocada esa decisión, y creo que puede haber ahí un motivo político para que Petro no quiera que el DPS esté en manos de Francia Márquez, sino que prefiera que esté en manos de una de sus aliadas más leales, que es Laura Sarabia”.

Por su parte, la representante Adriana Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quien fue ponente del proyecto que derivó en la Ley que creó el Ministerio, dijo a este Diario que “lo que puedo decir del año del Ministerio de la Igualdad es que vemos un Ministerio que solamente está en función del programa Jóvenes en Paz, un programa que le está pagando a los jóvenes delincuentes por no matar, como así mismo lo ha dicho el presidente que es el fin de este programa. Lamentablemente este es un programa que es un incentivo perverso, donde también se les va a pagar a los jóvenes migrantes, lo que permite la financiación, para mí, hasta del Tren de Aragua”.

Añadió la Legisladora que “este es un Ministerio que lo hemos visto quieto, sobre todo con los temas que tienen que ver con lucha contra violencia intrafamiliar, para la lucha contra el feminicidio, que hoy estamos viendo más de 10 casos de feminicidio con el que arranca este año, pues vemos un Ministerio que no está teniendo claro las estrategias a implementar del Plan de Desarrollo”.

Polémicas

En su corta vida el Ministerio no ha estado exento de polémicas, la principal porque tomó en arriendo para sus instalaciones una edificación por un costo por 12 meses de $ 2.772.971.520. A pesar de una directiva de la Presidencia con instrucciones sobre austeridad.

El Ministerio en un comunicado explicó que “requiere de adecuaciones y la instalación de puestos de trabajo, proceso que se estima en 12 meses, por lo cual se requiere tomar en arriendo oficinas”.