Por Paola Casallas
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Que no ha considerado ser el reemplazo de Juan Carlos Esguerra al frente del Ministerio de Justicia aseguró Fernando Carrillo a este Diario.
Carrillo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, indicó que está muy contento con su actual cargo, que esa es su prioridad y no el que su nombre esté en el sonajero para ser el ministro de Justicia.
Consideró que quien quiera que ocupe esa alta dignidad tiene “una gran responsabilidad y un gran deber: construir todo el tejido que permita la posibilidad de hacer esa reforma a la justicia que no se ha podido hacer durante los últimos años”.
Para Carrillo, la conmoción que ha causado la reforma que ayer se hundió es un hecho sin precedentes y excepcional en la historia reciente pero que debe ser enfrentada con el reglamento del Congreso, como parte del cumplimiento del orden constitucional.
EL NUEVO SIGLO: Usted es una de las personas que se menciona para ser el nuevo Ministro de Justicia. ¿Qué sabe al respecto, qué opina de la postulación?
FERNANDO CARRILLO: Yo estoy en este momento con una prioridad que es lograr trabajar en toda esta estrategia del Gobierno. Además estoy muy contento en la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esa posibilidad del Ministerio no la he considerado y para mí no es una prioridad.
ENS: ¿Cuáles son los retos que le esperan al nuevo Ministro de Justicia?
FC: Creo que para el nuevo Ministro hay una gran responsabilidad y un gran deber y es construir todo el tejido que permita la posibilidad de hacer esa reforma a la justicia que no se ha podido hacer durante los últimos años.
ENS: A propósito, ¿estuvo bien que el presidente Santos objetara la reforma a la justicia?
FC: Sí, totalmente. Nosotros tomamos una determinación. Yo he dicho que ante una situación excepcional tenemos como fundamento el reglamento del Congreso, una jurisprudencia de la Corte que permite aplicar a los actos legislativos el trámite de la ley y además, en esa sentencia se determinó que los actos legislativos estaban sujetos a la promulgación. A partir de ahí ha habido una interpretación a la Constitución.
Consideramos que dadas las circunstancias y los acontecimientos que se dieron en el comité de conciliación era necesario que el Presidente ejerciera una potestad, por primera vez en la historia reciente, porque se había dado hace cien años en la época del presidente Carlos E. Restrepo.
Y procedimos de la manera más responsable, así como el presidente Santos lo hizo asumiendo toda la responsabilidad política y jurídica de esas actuaciones y convencidos de que el Gobierno y, particularmente, el Presidente no solo como Jefe de Estado está velando por el cumplimiento del orden constitucional.
ENS: En principio la culpa de la creación y la aprobación del texto se la echaban entre todos. ¿Qué lectura le da a ese hecho?
FC: Es un tema que es importante y es todo el juicio de responsabilidades. En este caso el Ministro de Justicia, con gran gallardía, puso la cara y renunció asumiendo la responsabilidad por parte del poder Ejecutivo.
Me parece que lo que hay que hacer de aquí en adelante es tener en cuenta cómo manejar las cosas para que este acto legislativo no genere ningún efecto, de todos los efectos nocivos que conocemos. Este ha sido un poco el propósito del Gobierno.
En este momento la polémica es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ya habrá oportunidad de hacer juicio de responsabilidades y no le corresponde hacerlo al Gobierno en este momento, pero me parece que es clave el poder tener claro qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante y eso es precisamente lo que va hacer el Gobierno tal cual lo dijo el presidente Juan Manuel Santos.
ENS: Hay quienes creen que en este momento es viable hacer una constituyente. ¿Qué opina?
FC: No, lo más importante era hundir la reforma constitucional. Ya exploraremos otras vías. Nosotros creemos que hay que oír a la sociedad civil y a todas esas organizaciones que vienen proponiendo un referendo.
¿Y el referendo?
Varias de las personas que estuvieron con Carrillo en la creación de la Séptima Papeleta y con quien compartió escenarios ideológicos son los promotores del referendo que busca la derogatoria del acto legislativo. Sin embargo él dijo: “tenemos un problema y es que para impulsar el referendo revocatorio el acto legislativo debe ser promulgado y éste no va a ser promulgado por el Gobierno Nacional porque es inconstitucional e inconveniente, de acuerdo con lo que sucedió en las últimas semanas en el marco de la Comisión de Conciliación.