OBLIGAR al Partido Liberal a hacer su convención nacional, debido a que pasaron más de los dos años que da plazo la ley, como lo plantea en una ponencia la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, es poner un manto de duda sobre la legalidad de los avales que entregue para las elecciones territoriales, pues no hay ya tiempo para hacer dicho congreso antes de las votaciones en octubre próximo. Así lo señaló el senador Carlos Abraham Jiménez López, de Cambio Radical, colectividad de oposición.
El 15 de agosto del año 2020, el Partido Liberal hizo su última convención nacional hasta el momento. Para dar cumplimiento a la ley programó otra en marzo de este año. Sin embargo la suspendió poco antes de realizarse.
Como consecuencia, en mayo pasado, la magistrada Márquez presentó una ponencia a consideración de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, en la que pide sancionar con $ 25 millones de pesos al Partido Liberal por no realizar la convención nacional dentro del plazo establecido. Además, plantea que se obligue a la colectividad a realizarla a más tardar el 21 de junio, so pena de perder la personería jurídica.
En el Partido Liberal hay molestia por esta situación, pues consideran que se trata de una intromisión en la libertad y autonomía de los partidos. Al tiempo que miran con suspicacia por el hecho de que la elección de Márquez el año pasado al Consejo Nacional Electoral fue promovida en el Congreso por la coalición del Pacto Histórico, que oficia como partido de gobierno y, como tal, defiende las políticas del presidente Petro.
En ese sentido, estiman que se trataría de una presión que se hace al Partido Liberal porque no ha apoyado las reformas del Gobierno, como son salud, laboral y pensional.
Vale recordar que el Partido Liberal, el Partido Conservador y La U se sumaron a la coalición desde el principio de este gobierno. Sin embargo, el pasado 24 de abril el presidente Gustavo Petro rompió esa alianza, ya que estos partidos no votaron a favor de la reforma para la salud, y, además, porque no comparten la mayoría del articulado.
Por ende, los partidos Conservador y de La U se declararon independientes. En tanto que los liberales no han hecho ningún anuncio, por lo que en la práctica siguen en el oficialismo.
El senador Carlos Abraham Jiménez López dijo a EL NUEVO SIGLO que: “El Pacto Histórico, en cabeza de su magistrada presidente hoy del Consejo Nacional Electoral, hizo un atentado contra la democracia porque lo que están pidiendo es que el Partido Liberal haga una convención que no se alcanza a hacer en este momento”.
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Añadió el parlamentario de oposición, que: “La no realización de esa convención va a dejar un vicio de legalidad en los avales entregados por el Partido Liberal. Se traduce en que los candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones de este país que tengan el aval del Partido Liberal pueden ser demandados y pueden perder opción. Esto nace es del abuso en el Consejo Nacional Electoral con el Partido Liberal”.
Además, agregó que: “Al Partido Liberal se siente la persecución que nosotros hemos venido hablando desde Cambio Radical de este Gobierno”.
Molestia del Partido Liberal
La semana anterior el Partido Liberal recusó a Márquez, un día antes de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral iba a analizar y votar la ponencia de esta magistrada. Como consecuencia no se pudo.
Argumenta la colectividad que la magistrada en este caso le asisten razones, supuestamente no jurídicas y que “no ha actuado con independencia e imparcialidad”.
Se espera que en la sala plena de mañana la magistrada Márquez presente sus argumentos frente a esta recusación. Finalmente, será el pleno el que determine si acoge las quejas del Partido Liberal o las explicaciones de ella.
Posteriormente la sala plena debe ocuparse de dicha ponencia.
Sobre esta situación el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, dio a conocer un documento en el que, entre otras, dice que: “Ninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar a un partido político a modificar sus estatutos ni a convocar órganos para ajustar sus estatutos. Cuando el Consejo de Estado le ordenó al Partido Liberal seguir procedimientos específicos para modificar sus estatutos, la Corte Constitucional concedió una acción de tutela para proteger la autonomía del Partido”.