Las dificultades de orden público en algunas regiones del país han significado un escollo para el trabajo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas.
En el trámite de las reclamaciones de los afectados por el despojo de tierras, los funcionarios de la entidad tienen que adelantar un trabajo de campo, consistente en visitar los predios para hacer mediciones y elaborar la cartografía social.
Este Diario dialogó con el director de la entidad Ricardo Sabogal.
EL NUEVO SIGLO: ¿De la meta que tiene la Unidad de Restitución de Tierras para este año, qué porcentaje ha logrado?
RICARDO SABOGAL: Los compromisos del Gobierno para este año son tener la Unidad de Restitución funcionando en los departamentos de mayor afectación. En este momento ya estamos en 15 departamentos ya con oficinas. De igual manera, ya no es la Unidad pero sí el Estado como tal, tener jueces de restitución también funcionando. En este momento hay 23 jueces con sus respectivos despachos, más 15 magistrados de restitución de tierras. También capacitar a los funcionarios, eso se está haciendo ya, los funcionarios que están ingresando a la Unidad están recibiendo un proceso rápido de capacitación para que empiecen a tramitar las reclamaciones.
Adicional a eso, la Unidad empezó a recibir reclamaciones hace un buen tiempo, y tenemos 19.000 reclamaciones ya recibidas. Había un estimado que hicimos inicialmente con unos datos que tenían sus virtudes y defectos. Nosotros habíamos estimado aproximadamente 17.000 reclamaciones, en este momento tenemos 19.000.
Eso obviamente tiene uno que analizarlo de la siguiente manera porque unas reclamaciones de éstas nos llegaron de la Corte Constitucional, otras reclamaciones de éstas vinieron de las comisiones regionales de restitución, y tenemos un alto número también.
Con respecto a las reclamaciones que se deben procesar y llevar a juez, en este momento 1.600 reclamaciones se están estudiando de todas las que están en zona donde, de acuerdo a la información que nos entrega el Ministerio de Defensa, hay condiciones de seguridad para la restitución.
Recuerde usted que la Ley dice que la implementación de la misma debería ser de manera gradual y progresiva, y para el tema de restitución dijo que debería ser en condiciones de seguridad consultando la necesidad histórica del despojo.
Entonces en ese marco, nosotros estamos tramitando 1.600 reclamaciones, y de esas 1.600 reclamaciones nosotros ya empezamos a entregarles demandas a los jueces. De las que ya finalizaron la etapa administrativa, hemos entregado más de 100 demandas que están conociendo los jueces de Bolívar, de Sucre, de Magdalena, de Tolima, y en las futuras semanas vamos a seguir entregando demandas en el Tolima, en el Cesar, en el Meta, y así en los departamentos donde la Unidad está haciendo presencia. Y ya están empezando a finalizar los procesos administrativos de registro y se están elaborando, en ese orden de ideas, las demandas de los jueces.
ENS: ¿Cuál es la mayor dificultad que han tenido para desarrollar su trabajo en las zonas con problemas de orden público?
RSU: Una, que las víctimas no se acercan a hacer las reclamaciones; otra que los actores armados nos acechan a las víctimas, nos amenazan a los funcionarios; otra en donde las víctimas nos dicen que a esas zonas no vuelven o que no van porque el actor armado hace presencia. Hay algunas zonas que están minadas, entonces eso también complica la intervención de la Unidad en esas zonas.
Regiones ‘calientes’
Hay unas zonas que tienen más complejidades con respecto al orden público, explicó Sabogal. “Estamos hablando de Urabá, es una zona muy compleja; el sur del Tolima también es una zona bastante difícil para intervenir; lo mismo que en el Valle, esa parte que da allá con el Tolima, también es bastante compleja; Putumayo es muy complejo; Nariño es compleja la intervención por temas de orden público; el Bajo Cauca, la parte de Caucasia, Cáceres, son zonas complejas. Eso no quiere decir que la Unidad no esté interviniendo, nosotros estamos interviniendo en esas zonas, pero no igual que lo hacemos en zonas como Sucre, el Tolima, Cesar, Magdalena o en algunas partes de Antioquia.