El salario de los congresistas, que hasta ahora es de $32.741.800 mensuales, no solo podría ser reajustado a $34.418.200, sino que en los próximos pagos se les adicionaría la diferencia entre uno y otro valor correspondiente a la retroactividad al 1 de enero del incremento en el 5,12% efectuado a los empleados públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, así como los máximos salariales para los servidores del nivel territorial.

Sin embargo, tras la expedición el 9 de marzo de la correspondiente certificación de la Contraloría General de la República se supo que el Gobierno nacional está considerando el aplazamiento del decreto que debería establecer el incremento salarial de 5,12% para los congresistas. Tradicionalmente dicho decreto se expide entre julio y agosto, pero este año no ocurriría así.

Sin ajuste

No se puede ignorar que son varias las propuestas que los propios congresistas han impulsado para reducirse el ingreso, pero también es verdad que la mayoría de los legisladores parece conformarse con la enorme diferencia entre sus sueldos y la de los demás ciudadanos.

Colateralmente hay que decir que no pocas veces las bancadas avalan las propuestas de sus afines y rechazan las de sus contradictores, así en el fondo busquen las mismas cosas. De esa forma no salen adelante unas ni otras.

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Un ejemplo es la propuesta del senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, para que el Congreso no les pague gastos de representación a los legisladores que sesionen virtualmente.

Ortega calculó en $14 millones los recursos que se ahorraría el erario público en cada congresista por cuenta de no tener que arrendar vivienda en Bogotá ni costear alimentación.

Por ahora su propuesta fue derrotada en la Comisión Primera del Senado, pero compañeros suyos piensan insistir en ella. Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, preguntó en sus redes sociales: “¿Apoyan no pago de gastos de representación a congresistas que legislen desde sus casas? Son 14 millones mensuales para cada uno que no estamos gastando en lo que fueron destinados. Les aseguro que ahí sí aprueban Congreso presencial”.

En la misma Comisión Primera, el planteamiento tuvo respaldo de algunos congresistas, como el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien dio que sus colegas que sesionan “virtualmente cómodamente desde sus casas y desde sus ciudades” son legisladores que “no necesitan viáticos, ni pasajes, ni arriendo en Bogotá si no van al Congreso”.

A su vez, Alexander López, del Polo Democrático, trinó: “#QueAmargura que mientras millones de colombianos perdieron sus empleos, congresistas que trabajan desde sus casas y que aún así se ganan $34 millones, no sean capaces de renunciar a los gastos de representación -$14 millones- que no merecen según la Ley 4 de 1992”.

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Rodrigo Lara, copartidario de Ortega, tras señalar su acompañamiento de la proposición, comentó en sus redes sociales: “¿Y saben qué está pasando? La bancada de gobierno quiere seguir cobrando viáticos desde su casa. Se oponen a bajarse el salario”.

La respuesta llegó con un tuit del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, preguntándole a Lara si había donado “su salario para comprar más de 50.000 mercados y más de 15 ventiladores”, anotando que desde 2014 “el partido que hoy es de gobierno viene insistiendo en reducir salarios. La diferencia es que no lo hace con el fin de hacer que la gente se exponga a ir al Congreso en estos momentos”.

Sobre el uso de salarios de los congresistas uribistas, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, señaló que desde el inicio de la pandemia se han “entregado ventiladores, mercados y unidades de cuidado intensivo, beneficiando a los colombianos en diferentes lugares del país” y que “con apoyo de todos los congresistas” la colectividad “ha donado 12 respiradores a hospitales públicos del país durante la pandemia. Más hechos menos palabras”.

Cabe recordar que la bancada de la oposición definió el 21 de marzo la puesta en marcha del fondo de solidaridad para ayudar económicamente a la población vulnerable en medio de la emergencia generada por el Covid-19. En carta dirigida a los entonces presidentes del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, y de la Cámara, Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical, 26 congresistas anunciaron la decisión voluntaria de donar parte de su salario por los siguientes tres meses.

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Salarios

Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas no se fijan con base en el índice de precios al consumidor (IPC) que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, sino que como lo precisa el artículo 187 de la Carta “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

Se han presentado cerca de una decena de proyectos de ley que buscan reducir el salario de los padres de la patria, sin que ninguno haya sido aprobado hasta el momento.

En el caso del Centro Democrático ha radicado en varias oportunidades una iniciativa para congelar el salario de los parlamentarios por dos periodos consecutivos, sin embargo, no ha logrado tener eco.

También se intentó en 2018 con el proyecto número 162 Senado, respaldado por varias colectividades, el cual buscaba establecer un tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La idea era fijarlo en máximo, 25 salarios mínimos. No prosperó.

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Tampoco tuvo buen final la idea de la Alianza Verde que tomó este tema como bandera para la fallida Consulta Anticorrupción de 2018.

Frente a lo dicho por Lara, también ripostó Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático, señalándole que se olvida que fue la bancada a la que pertenece la que “radicó el proyecto para cobrar un impuesto, no temporal, sino permanente al salario de los congresistas”.

Araújo se refería a un proyecto de ley del uribismo para gravar el salario de los congresistas con un impuesto permanente del 10%. Cerca de $966 millones mensuales se recaudarían por cuenta de ese tributo.