Al insistir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigar su campaña, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra los magistrados del tribunal electoral, acusándolos de prevaricato por acción con dolo.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produce luego de que se conociera este viernes la resolución con la que el CNE abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.
"El documento al expresar, con firma de funcionarios, que se ha investigado al presidente de la república, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, por la ruptura fragrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir", expresó el primer mandatario en su cuenta de X.
Asimismo, agregó que "los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo. El pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de estado".
La resolución está firmada por los magistrados César Lorduy, Crisian Quiroz, Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada.
Como se sabe, el pasado 8 de octubre el Consejo Nacional Electoral decidió abrir investigación a la campaña presidencial del 2022 del hoy jefe de Estado y formular cargos a el mandatario y varios directivos de la misma, porque se habrían superado en $5.355.748.115 los topes de gastos establecidos.
Petro ha insistido desde que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada presentaron en mayo pasado a la Sala Plena una ponencia pidiendo investigar esa campaña y proferir cargos al presidente por violación de topes de gastos, que el CNE no tiene competencia para ello porque es el Congreso el que le corresponde por el fuero de su cargo, por intermedio de la Comisión de Acusación de la Cámara.
La Sala Plena decidió por mayoría de 7 votos acoger la ponencia de los magistrados Ortiz y Prada. Salvaron el voto las magistradas Alba Velásquez y Fabiola Márquez, quienes fueron elegidas por el Congreso a este organismo en la plancha del Pacto Histórico.
El organismo determinó “abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica (UP), por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.
La ponencia indica que en las cuentas que entregó la campaña al CNE se omitió un aporte del sindicato Fecode por $500 millones; un préstamo del Polo por $500 millones; así como el pago a testigos electorales por $931.290.000.
Tampoco según el CNE se reportaron gastos por propaganda por $356.102.872; pagos efectuados desde la campaña al Senado del Pacto Histórico por $202.471.731; así como ingresos y gastos por transporte aéreo por $1.249.793.230; igualmente el aporte del sindicato USO por $121.544.000
También se formulan cargos al presidente y directivos de la campaña por presunta financiación prohibida, al recibir aportes de las personas jurídicas Fecode y USO.
En cuanto a la segunda vuelta, según el CNE se omitió el reporte de gastos por el evento realizado en el Movistar Arena por $100.000.000 para celebrar el triunfo de Petro; así como el pago a testigos electorales por $177.680.000.