UNA INVESTIGACIÓN preliminar contra el canciller Álvaro Leyva y el viceministro Francisco Coy, ordenó ayer la Procuraduría General de la Nación.

El ente de control afirmó que ambos funcionarios tendrán que responder sobre las razones por las que omitieron la aplicación de la Política Integral Migratoria (PIM), en torno a la población que todos los días cruza la peligrosa selva a través de los municipios colombianos de Necoclí, Acandí y Capurganá.

“De igual manera, tendrán que responder por qué supuestamente dejaron de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes ingresaban al país por el oriente”, manifestó.

En el expediente, la Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó a la subdirectora de Control Migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Martha Hernández Arango; y al director general, Carlos Fernando García Manosalva.

“Los funcionarios habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién y de realizar un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, hecho que podría ser un riesgo para la seguridad nacional”, afirmó el Ministerio Público.

En medio de la actuación disciplinaria, Procuraduría General de la Nación pidió práctica de pruebas, pero también “buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

No es la primera vez que el Ministerio Público ordena una investigación preliminar contra Leyva. El 20 de septiembre pasado abrió indagación disciplinaria por las presuntas irregularidades por la suspensión de la licitación de pasaporte.

“La decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”, manifestó en aquel momento la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Cifras alarmantes

De acuerdo a las cifras de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 330.000 personas cruzaron la selva del Darién durante los primeros 8 meses de 2023. Se trata de una cifra jamás registrada, superando los 248.000 migrantes y refugiados que transitaron por ahí en todo 2022.

Por esta razón, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por los riesgos que corren las personas que deciden cruzar la frontera entre Colombia y Panamá, con destino a los Estados Unidos.

“Las personas migrantes y refugiadas están expuestas a múltiples violaciones y abusos de derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que es un riesgo particular para los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad”, puntualizó.

Hurtado indicó que en medio de la travesía ocurren innumerables delitos como desapariciones, asesinatos, robo, tráfico e intimidación, siendo los grupos del crimen organizado los principales responsables.

“La selva del Darién abarca al menos 575.000 hectáreas y transitarla supone peligros insospechados para la mayoría de las personas que emprenden ese viaje, sobre todo si lo hacen durante la estación seca”, informó la ONU, a través de un comunicado de prensa.

En ese mismo informe, señaló que, para cruzar la selva, la gente camina un promedio de cuatro a siete días y en la temporada de lluvias la caminata suele durar hasta diez días.

En su momento, destacó que los migrantes reciben escasa atención humanitaria, tanto en Panamá como en Costa Rica.

“Los riesgos son aún mayores dado los peligros que entraña cruzar esta selva de cerca de 5,750 kilómetros cuadrados de extensión. En la estación seca, las personas caminan un promedio de cuatro a siete días para poder cruzar el Tapón del Darién. Durante la estación lluviosa, la cual dura nueve meses, esta travesía se puede demorar hasta 10 días”, señaló.