EL MINISTERIO Público, con el fin de velar por la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, lidera mesas de trabajo, para que se adopten las acciones frente a las obligaciones de pago de las entidades estatales con los operadores de servicios públicos.

La Procuraduría, como parte de una estrategia nacional que inició por la crisis en la región Caribe ocasionada por el Fenómeno del Niño, entre otros aspectos relacionados con la prestación del servicio de energía, ha realizado cinco mesas técnicas en las que han participado representantes del sector energético del orden nacional y los operadores de la región caribe, identificando entre otras situaciones, que la falta de pago del servicio público afecta la prestación del servicio esencial.

En las mesas regionales, se está recordando, a las entidades, el deber legal que les asiste de cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos en sus municipios o distritos, “incorporando en los presupuestos las partidas correspondientes y haciendo las apropiaciones necesarias para cumplir con tal fin”.

El órgano de control manifestó que no coacciona ni coadministra, simplemente, en ejercicio de su función preventiva, actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, para lo cual, continuará con las mesas de trabajo en los departamentos del Cesar, Sucre y Córdoba, para completar la región Caribe. Estos espacios buscan, además, alternativas legalmente vigentes para garantizar la normalización y el pago de los servicios públicos.

Además, instó a las entidades territoriales a “fomentar, en sus equipos de trabajo, una cultura de cumplimiento como un compromiso ético por parte de las administraciones que finalizan su periodo constitucional y, a su vez, de responsabilidad con los nuevos mandatarios, con quienes deberán realizar el empalme, informándoles la importancia del cumplimiento de estos deberes legales”.

El ente de control manifestó que se mantiene activa en la promoción de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la vigilancia de que las entidades territoriales cumplan con sus responsabilidades financieras para garantizar un servicio esencial como la energía eléctrica.