EL PROYECTO de ley estatutario para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en la política está ajustada a la Constitución. Así lo dio a conocer ayer la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, a través de un comunicado.

Sobre concepto enviado a la Corte Constitucional, la titular del ente de control disciplinario manifestó que “la iniciativa legislativa optimiza los medios de prevención y lucha contra la violencia que afecta a la mujer en escenarios políticos, así como promueve el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades que ellas tienen en el ámbito público”.

Además, la jefa del Ministerio Público señaló que la normativa es idónea para cumplir con ese fin, porque fija las competencias y responsabilidades de los distintos actores, así como su interacción para la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, y el seguimiento, investigación y sanción de las conductas según el tipo de responsabilidad que proceda (electoral, disciplinaria, penal o ética).

Precisó que es necesaria ante el fenómeno de violencia en el contexto de la desigualdad estructural que históricamente ha sufrido la mujer en Colombia y que, lastimosamente, con mayor fuerza persiste en el país en materia política.

“El proyecto de ley es constitucional, ya que materializa el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Belém do Pará, que exigen al Estado proteger a la mujer frente a escenarios de violencia, en especial, aquellos relacionados con su vida política”, indicó Cabello.

Además de eso, la Procuraduría también se ha manifestado en torno a la violencia contra la mujer en casa, muchas de las cuales son víctimas de feminicidios.

A principios de febrero de este año, le pidió al Ministerio de Igualdad y Equidad, referir cuáles han sido las gestiones de la cartera ministerial para garantizar los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias y en riesgo de feminicidio, compromiso que demanda acciones inmediatas frente al alarmante inicio de año en materia de violencia contra la mujer en el país.