Se acerca el día para las elecciones al Congreso, fecha clave en la que no solamente se escogerá el nuevo Congreso de la República sino que se elegirán los candidatos presidenciales de las distintas coaliciones interpartidistas que participarán en los comicios del próximo 29 de mayo.

Sin embargo, una de las alertas por las que generalmente las entidades electorales y organismos de control están constantemente en vigilancia ha sido la compraventa de votos electorales, un fenómeno que ha existido comúnmente en días anteriores a las jornadas de elección, pero que impacta gravemente en el futuro de la democracia nacional.

Justamente, en las últimas semanas se han revelado varios audios que comprometen a varios legisladores electos en las pasadas elecciones del 2018. Uno de ellos es el senador Laureano Acuña, quien supuestamente estaría hablando sobre “la compra de mínimo 70 mil votos”, según se escucha en una conversación publicada por el abogado Miguel Ángel del Río en sus redes sociales.

No obstante, sobre este audio filtrado a la opinión pública, Acuña se defendió diciendo que “por ninguna parte del audio eso dicen mis palabras o se menciona ese delito de corrupción. Es más, es una conversación coloquial propia de nuestra región donde dos amigos conversan de manera espontánea”.

Asimismo, se conoció el caso de la elección de la excongresista Aída Merlano, quien en sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia detalló que la familia Char y Gerlein estarían involucrados en presunto entramado de corrupción para la compra de votos en el Atlántico que favorecerían su campaña.

Incluso, el mismo Del Río publicó un audio en el que conversan el empresario Julio Gerlein y la exdirigente y hoy prófuga de la justicia, donde se señala que supuestamente brindó 12 mil millones de pesos para su campaña, información que fue corroborada por un testigo del caso ante las autoridades.

Normativas

Pese a la normativa que existe sobre la penalización de la compra de votos en el país, pareciera que esto fuera inmune a quienes beneficia esta práctica. Pero lo más preocupante es que la misma ciudadanía reconoce que fue víctima de este flagelo para anteriores comicios, según lo resaltó el informe de Transparencia Internacional, donde señaló que el “40% de los encuestados manifiesta que durante los últimos cinco años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos específicos en una elección nacional, regional o local”.

Dicha organización mencionó que “la compra de votos es uno de los delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas”.

Cabe recordar que en la Ley 1864 de 2017, se estipuló que “el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca bene­ficio particular o en favor de un tercero a un votante con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en esa normativa.

Adicionalmente, el Consejo de Estado determinó en 2019 que si se identifica al menos la compra de un solo voto, esto podría acarrear la anulación de la elección del candidato a la corporación popular.

En su momento, el magistrado Carlos Enrique Moreno le dijo a este diario que “cualquier práctica corrupta tendiente a comprar votos y a afectar la libertad que tienen las personas para votar, lleva a la nulidad. Sabemos es una causal de tipo subjetivo, pero tiene que estar demostrada la conducta del candidato en el sentido de que conocía de la situación. La importancia de esta decisión es que no importa la cantidad de votos, lo que importa es que si el candidato participa en la compra eso lleva a la nulidad”.

Recientemente, la MOE, en su último reporte de riesgos electorales, recomendó a “las autoridades electorales, Procuraduría, Fiscalía y Policía adoptar las medidas necesarias para prevenir e investigar oportunamente acciones indicativas de delitos o irregularidades que afecten la transparencia electoral”, como es el caso de la compra masiva de votos en varias zonas del país como Atlántico, Bolívar y Magdalena.

Precisamente, EL NUEVO SIGLO consultó con expertos en materia electoral para que explicaran por qué se sigue presentando este flagelo, teniendo en cuenta las normativas impulsadas en el país.

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Estilo de vida

Inicialmente, el asesor en asuntos electorales, Alfonso Portela, indicó que la compra de votos, más que un delito, es como un estilo de vida para quienes actúan con esta práctica irregular durante las contiendas electorales.

“Podríamos decir que la compra de votos durante las campañas electorales es un estilo de hacer política, ya que los candidatos optan por utilizar el dinero en compra de los votos porque de pronto no tienen la capacidad para convencer al electorado de una manera diferente”, explicó.

No obstante, indicó que “la compra de votos es un delito que se castiga, incluso la reforma de la Ley 1864 dejó muy claramente que este es un delito que se paga, dejó unas penas significativas para todo aquel que se vea sorprendido haciendo esta práctica irregular. Sin embargo, la realidad es muy distinta y vemos que se siguen presentando y siguen funcionando en cada campaña electoral. En este sentido, es como si la gente no le tuviera miedo a las normas al respecto de la compra de votos”.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE), dirigida por Alejandra Barrios, manifestó que este fenómeno nunca tendrá su final, inclusive puede mejorar su modus operandi con el avance de la tecnología.

“Con el auge de los medios tecnológicos se cuidan más y no es tan sencilla la cosa. En la actualidad, cualquier persona puede entrar a una reunión sin dar aviso, hacer un video o audio y así las estructuras que se dedican a eso han tenido que afinar sus procedimientos para que se le baje el perfil al tema”, recalcó.

Añadió que “ya no lo pueden hacer masivamente como antes, pero seguramente va a pasar y lamentablemente controlar ese fenómeno es muy difícil, y más en una ciudad donde los niveles de vulnerabilidad son tan altos que, por más que se hagan campañas pedagógicas, harán que esa práctica continúe”, expresó.

Igualmente, manifestó que “existen mil formas de comprar un voto en Colombia y sabemos que eso no pasará el mismo día de las elecciones legislativas o de Presidencia, sino días anteriores a los mismos, porque conocen bien que en las jornadas de los comicios va a haber mucha vigilancia. Es un fenómeno difícil de controlar para las autoridades competentes, pero creo que los políticos entendieron que eso es poco funcional en términos electorales”.

Seguimiento de Delitos Electorales

Recientemente, el representante y candidato del Centro Democrático Edward Rodríguez envió una carta a la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales para que revise las denuncias que se vienen presentando en todo el país por compra y venta de votos.

“He pedido a la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, conformada por el Fiscal General, Procurador, Presidente del Consejo de Estado, Ministro de Justicia, Registrador Nacional, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y miembros del Gobierno, para que tomen medidas para enfrentar los delitos contra el sufragio y los mecanismos de participación que se puedan presentar durante el certamen electoral”, solicitó el congresista.

Además, recordó que la Comisión “debe garantizar que todas las jornadas electorales se lleven a cabo de manera transparente  en todo el territorio nacional y evitar la compra y venta de votos, presiones a funcionarios para que voten y poder enfrentar la corrupción en aquellas zonas donde usualmente se roban las elecciones y se utilizan dineros para torcer la democracia”.