Rechazan ‘pupitrazo’ a Código Penitenciario | El Nuevo Siglo
Martes, 18 de Junio de 2013

Ante lo que puede calificarse como una aprobación contrarreloj en la Cámara, la representante por Bogotá del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), Gloria Stella Díaz, solicitó que en lo que queda del trámite el proyecto de ley del Código Penitenciario, este se discuta a fondo.

La congresista sostuvo que la iniciativa no podía aprobarse de forma acelerada con la excusa de la premura por la terminación del periodo legislativo. “Aquí hay que dar una amplia discusión”, señaló.

Díaz advirtió sobre la presunta privatización de la vigilancia de las cárceles, “la tardía emergencia carcelaria” y los riesgos de la contratación directa.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre el proyecto?
GLORIA STELLA DÍAZ: Resulta preocupante que el Gobierno Nacional esté pretendiendo privatizar la administración y vigilancia de los reclusos; ya tenemos una experiencia nefasta en darle a los privados la potestad y facultad para hacer lo que tienen que hacer las empresas públicas. Recodemos el tema de la salud, ese es el mejor ejemplo. Por eso consideramos que es fundamental que el proyecto que trajo el Gobierno tenga amplio debate porque hay muchas cosas que nos preocupan.
ENS: ¿Qué otras observaciones tiene?
GSD: También en la contratación hay vicios de corrupción muy grandes. Pero ese no es el único problema, también está la resocialización; la solución no es seguir construyendo cárceles para que los presos sean llevados allí ¿dónde está el tema de trabajo, la educación, los talleres para que la verdadera resocialización se pueda hacer?
ENS: ¿Por qué piensa que la emergencia carcelaria no es la solución a la crisis penitenciaria?
GSD: La decisión del Gobierno de decretar la emergencia penitenciaria y carcelaria es una medida tardía. Sentimos que se está enfocando el tema solo en tres aspectos; el traslado de los internos, los traslados presupuestales y una contratación directa. Creemos que esto no va a mejorar el problema, no va a mejorar la situación estructural que requiere la reforma al Código Penitenciario.
ENS: ¿Existe el riesgo de que se hunda el proyecto?
GSD: Estoy segura de que no se va a hundir porque la gran mayoría de congresistas no vamos a apoyar el archivo de esta propuesta.
ENS: ¿Hay riesgo de que se apruebe a pupitrazo?
GSD: No puede, aprovechándose la coyuntura de que se va a terminar la legislatura, sacarlo rápidamente. Aquí hay que dar una amplia discusión, el sinnúmero de proposiciones deben ser revisadas minuciosamente.
ENS: ¿El proyecto no cumplió las expectativas?
GSD: En el proyecto hay cosas buenas pero no responde a la estructuralidad que estábamos esperando de esta reforma. El Gobierno se quedó corto en la discusión. Ojalá las proposiciones sean tenidas en cuenta para que la reforma penitenciaria cumpla con las expectativas que se tienen porque o si no va a resultar igual que en la reforma a la salud, peor el remedio que la enfermedad.


El trámite
El proyecto 256 de 2013 que fue aprobado ayer en segundo debate, continuará su trámite en la próxima legislatura en Senado.
En su discusión en la Cámara, la ministra Correa descartó que en la iniciativa se haya introducido un ‘mico’ para favorecer las excarcelación de procesados o condenados por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, delitos relacionados con los nexos con grupos armados al margen de la Ley o delitos que se cometieron con violencia contra la ciudadanía. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, precisó que “es un debate responsable donde se ha evidenciado el interés de todo el Estado en garantizar los derechos tanto de la ciudadanía como de la población privada de la libertad”.
El proyecto reconoce la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y condición de discapacidad, adaptando medidas complementarias acordes con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluyendo la obligación de establecer condiciones especiales de reclusión para miembros de los grupos armados al margen de la ley en procesos de paz.