Un sistema penal acusatorio como el que hay en Colombia sin contar con el jurado de conciencia para algunos delitos es incompleto, señaló el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez Gallego.

El jurista hizo otras consideraciones sobre aspectos que podrían ser tenidos en cuenta en la reforma a la justicia que el Gobierno nacional se comprometió a presentar al Congreso.

El NUEVO SIGLO: ¿Qué puntos debería abordar la reforma a la justicia para el ciudadano de a pie?

JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO: Pienso que una reforma integral a la justicia debería ser para tratar de reestablecer el jurado de conciencia para algunos delitos, en principio para delitos que no tengan relación, por ejemplo, con el crimen organizado, para darle de esa manera un poco de seguridad a los miembros del jurado de conciencia.

Porque un sistema acusatorio sin jurado de conciencia es imperfecto, es incompleto, y eso de que tengamos la posibilidad de que se decida en la misma audiencia conforme a las pruebas y que se tome la decisión  inmediatamente, pero que la tome el juez de derecho, pues realmente no tiene como mucho sentido en un sistema acusatorio. Debería ser el juez popular, el juez de conciencia, el que tomara esa decisión al finalizar la presentación de todas las pruebas.

Y ya luego el juez de derecho acatando ese veredicto o desacatándolo si es que es completamente contrario a lo que se demostró en el juicio, pues entonces se convocaría a otro nuevo jurado. O el juez podría tomar la decisión si se avienen unas pruebas, debe dictar la sentencia correspondiente.

ENS: ¿Qué se podría legislar en materia de las altas Cortes?

JAGG: En relación con las altas Cortes, me parece que debería haber varias reformas. La primera es de la que ya se ha hablado tanto, y es la de suprimir la capacidad nominadora o la intervención de las altas Cortes en el nombramiento de algunos altos funcionarios como el Contralor, Procurador, etcétera. Esa capacidad no ha traído sino problemas  para las Cortes y de alguna manera las ha politizado.

Otra reforma relacionada con las altas Cortes sería la de llevar la carrera judicial hasta esas instancias, o sea para acceder a las altas Cortes debería hacerse por un concurso de méritos como se hace con los demás funcionarios de la Rama Judicial.

Así mismo pienso que debería quitársele a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara el poder de investigar penal y disciplinariamente a los altos funcionarios del Estado, incluidas las altas Cortes. Para esos casos pienso que se debería crear un tribunal especial que investigara y juzgara a los altos funcionarios del Estado, separando esas funciones: la función de investigación, la función de acusación y la función de juzgamiento. Y garantizándoles la doble instancia a estos altos funcionarios pero, repito, sin ninguna injerencia de la Comisión de Acusaciones.

Igualmente pienso que una reforma que me parece necesaria es la creación de una jurisdicción constitucional que debería manejar la tutela, con jueces constitucionales especializados en el manejo de los derechos fundamentales, que se encargaran de la tutela y que además se les confiara a ellos la condición de jueces de control de garantías para los procesos penales, de modo que ya esa función no la cumplieran los jueces principales, como es ahora,  o el Tribunal de Bogotá en los procesos en que conoce la Corte Suprema.

Así mismo, la Fiscalía no debería investigar  ni acusar a los jueces, sobre todo a los jueces penales, porque es que allí se pierde la independencia de los jueces porque resulta que una de las partes que actúan ante ellos, que es la Fiscalía, resulta ser la que tiene sobre esos mismos jueces la capacidad de investigarlos y de acusarlos. De modo que como ya se ha visto hay casos en donde los jueces toman determinaciones que no le simpatizan mucho a la Fiscalía, entonces la Fiscalía decide abrir investigación en contra de esos jueces. Eso mina por completo la independencia de los jueces.

Gómez Gallego dijo que la reforma a la justicia igualmente debería ocuparse de fijar unos criterios para la privación de la libertad, pues en la Ley 906 es una excepción, pero ahora se ha convertido en una regla.

En ese sentido el jurista pidió que se haga realidad el principio de la libertad, “que se incumple por los jueces que se inventan una serie de consideraciones subjetivas”, con argumentos como que la persona es un peligro para la sociedad.