TRAS APROBARSE en segundo debate en la Cámara, la reforma a la salud sigue en el Senado el próximo año. Sin embargo, hay grandes dudas sobre vicios que se habrían registrado en el trámite, según críticos de la polémica iniciativa gubernamental, que desde ya se anuncia serán demandados ante la Corte Constitucional en caso de que llegue a ser ley de la República.
- ¿Ley estatutaria?
El 15 de febrero pasado, tres días después de que se radicara la reforma, un total de 25 senadores y representantes de distintos partidos, incluso algunos del oficialismo, dirigieron una carta a los presidentes del Senado y Cámara solicitando que se tramitara como ley estatutaria porque “las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”.
Agregan los congresistas en la citada misiva que “el trámite del proyecto debe hacerse en sesiones ordinarias, las votaciones para esos preceptos, es calificada y, dada su jerarquía, se exige una revisión previa de constitucionalidad en cabeza de la Corte”.
No obstante, el Gobierno se mantiene en su tesis de que la reforma se puede hacer por medio de ley ordinaria, y el entonces presidente de la Cámara, David Racero, envió el proyecto a la Comisión Séptima para primer debate.
Por esos días el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, dijo que “si el presidente Racero decidiera obviar esta apelación, el proyecto de ley quedaría absolutamente viciado, y, por supuesto, que yo anunciaría de una vez que demandaré la legalidad del trámite de la reforma, porque consideraría que el presidente ha violado la ley, y que, por lo tanto, la reforma quedaría viciada”.
Un antecedente en la Corte Constitucional en esta materia fue el año pasado, cuando se cayó una norma que impulsó el gobierno Duque para modificar un artículo de la Ley de Garantías que impide a las entidades celebrar convenios interadministrativos en época de elecciones.
El alto Tribunal determinó que esa modificación se tuvo que hacer por una ley estatutaria.
- Aval de impacto fiscal
El Ministerio de Hacienda hizo llegar la semana anterior al Congreso un cálculo de lo que costaría la reforma de salud. En 2024, vale $ 929.000 millones. Sin embargo, parlamentarios de partidos de oposición, independientes y algunos de la Alianza Verde, de la coalición oficialista, señalaron que el documento no es el aval fiscal al proyecto, sino un escenario de factibilidad.
El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que “radicaron en Cámara un escenario de factibilidad ‒no aval fiscal‒ sobre la reforma a la salud. Curiosamente, no lo firma Ricardo Bonilla, sino su viceministra”.
Parlamentario de oposición, indicó que “según escenario de factibilidad del Ministerio de Hacienda sobre reforma a la salud, su implementación costará a los colombianos $ 140 billones entre 2024 y 2033. Eso corresponde a 6 o 7 reformas tributarias. ¿De dónde saldrán esos recursos para un sistema de salud estatizado?”.
El ministro Bonilla dijo que “lo que hemos entregado al Congreso es un documento de escenarios previsibles con base a lo que está en discusión”.
La Ley 819 de 2003 establece que el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Agrega que el Ministerio de Hacienda deberá rendir su concepto.
Por su parte el exministro Juan Camilo Restrepo previno que tramitar la reforma de salud sin conocer previamente sus costos fiscales, “no solo es una irregularidad legal que acarrea inexequibilidad en caso de ser aprobada, sino un quebrantamiento al sentido común”.
- Consulta previa
Hubo una fuerte discusión el pasado martes en la plenaria de Cámara sobre los artículos 122 y 123, en donde se otorgan facultades extraordinarias al presidente Petro para la consulta previa con las minorías étnicas por algunos aspectos de la reforma a la salud, los cuales finalmente fueron aprobados.
La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, dijo que, según sentencias de la Corte Constitucional, “la consulta previa se tiene que hacer antes” de radicar el proyecto. “Este proyecto no lo tiene y por muy audiencias públicas que hayan hecho eso no equivale a la consulta previa”.
Mientras que el representante Forero opinó que “la idea es que la consulta previa se hubiera adelantado antes de radicar el proyecto en la Cámara. No se adelantó ese ejercicio. Lo que está tratando de hacer el Gobierno es subsanar ese problema de génesis de este proyecto, y esto no se va a poder hacer. Esto se termina cayendo en la Corte Constitucional. Ya hay precedentes. Ya hay demandas interpuestas por comunidades porque no se cumplió con ese requisito”.
Hay antecedentes, como la reforma al Código Minero que promovió el gobierno Santos, se cayó por falta de la consulta previa.
- Votación en bloque
Tanto en la Comisión Séptima de Cámara como en la plenaria, los opositores al proyecto rechazaron que en su mayoría se votó el articulado en bloque, de hasta 10 apartados, a pesar de que incluían disposiciones clave y, por ello, requerían un debate específico y más profundo.
En el caso de la plenaria de Cámara, el representante Forero comentó que se incumplió un acuerdo por parte del presidente de la Corporación, Andrés Calle. “Se han violado los acuerdos de la reunión de voceros. Se había establecido que se iban a votar de manera independiente los artículos más sensibles de la reforma. Lamentablemente eso no ha pasado”.
Vale recordar que la Corte en la Sentencia C-133-22 en que tumbó la reforma al Código Electoral por vicios de trámite, básicamente porque se aprobó en sesiones extras, también advierte que “con ocasión de la convocatoria a sesiones extraordinarias y dada la ausencia de presencialidad, la deliberación se caracterizó por la premura en la aprobación de la iniciativa, lo que aunado al mensaje de urgencia que se decretó para su trámite, la votación en bloque de gran parte de su articulado y la amplitud de la iniciativa (esto es, un total de 276 artículos), se produjo un fenómeno de elusión del debate, que implicó que el mismo no fuese amplio, trascendente y participativo”.
- Recusación
Una recusación que presentaron contra los 15 parlamentarios de la Alianza Verde en Cámara, no permitió que participaran dos días la semana anterior en el debate.
Esta fue motivada porque el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al fustigar algunos legisladores verdes por votar en contra de la reforma, les enrostró que esta colectividad tiene burocracia en el Gobierno. Ello fue juzgado por el ciudadano que los recusó, como una razón para declararse impedidos para participar en el debate.
Finalmente, la Comisión de Ética consideró infundada la recusación. Sin embargo, cuando los parlamentarios del Verde retornaron al debate se encontraron con que iban a votar un bloque de 10 artículos.
Frente a esto, la representante Catherine Juvinao dijo que “lo mínimo que le pedíamos hoy, presidente, es que nos permitiera dar nuestros argumentos sobre el bloque que se iba a votar, supremamente complicado. Una cantidad de artículos delicados”.
Agregó: “Pido a los honorables magistrados de la Corte Constitucional tomar nota de la estrategia para callar al Partido Alianza Verde y cercenar nuestras garantías. No nos permiten debatir”.
- Orden del día
La oposición pidió esta semana modificar el orden del día, de tal manera que la reforma a la salud, que estaba en primer lugar, les diera prioridad a proyectos para su último debate. Ello no fue acogido por la mesa directiva de la Corporación.
El representante Andrés Forero señaló que este es otro de los vicios de trámite que serán conocidos por la Corte Constitucional, si la reforma es aprobada.