El próximo 16 de julio el presidente Gustavo Petro sancionará, en la Plaza de Bolivar, la reforma pensional.
Sin el respectivo debate y sin que se tuvieran en cuenta las advertencias de Asofondos, que agrupa a los fondos privados; ANIF, el Consejo Gremial y el centro de investigación Fedesarrollo, quienes manifestaron temores sobre la sostenibilidad del sistema, la iniciativa gubernamental fue aprobada en la plenaria de la Cámara el pasado 14 de junio.
Desde Soacha, donde se celebró el acto de lanzamiento, el mandatario defendió su reforma y aseguró que “estamos reduciendo a dos grupos poblaciones los subsidios y estamos aumentando sus montos a 230 mil pesos, de tal manera que podamos sacar de la pobreza a una persona” y, de la misma forma, “extenderlo a dos millones de ancianos y ancianas”.
Sin embargo, son varias las alertas que emitieron difentes órganos de control con respecto al proyecto del Gobieno.
La Procuraduría dijo antes del último debate de la reforma, en una misiva a la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, que “las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas”
El Centro Democrático anunció que demandará la reforma pensional con el argumento que no fue discutida adecuadamente en la Cámara de Representantes.
“Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico se apropie de 460 billones que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos para que hagan politiquería en el año 2026″, indicó el representante Juan Espinal.
Ante esta situación, el presidente dijo: “Le pido a la Corte Constitucional que no escuche los cantos de sirena de los enemigos del pueblo, que no quieren que la plata que vamos a gastar que sea en invertir en la vida de 3 millones de personas y en el derecho de todo trabajador y trabajadora, si cumple los requisitos a pensionarse, se le entregue a la gente y no verla convertida en utilidades de los banqueros”.